El Ministerio de Justicia está analizando la toma de posesión de Quim Torra para valorar si es válida al no haber acatado la Constitución. Desde el PP, partido que ha promovido el estudio del acto, consideran que es "complicado" porque ya hay sentencias que avalan que se obvie la Carta Magna, el Estatut y al rey. Y es que el precedente da lugar al pesimismo para quienes buscan la pega.
Carles Puigdemont no lo hizo cuando juró su cargo para sustituir a Artur Mas y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) respaldó su fórmula, la que ha seguido este jueves su elegido.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, se ha mostrado en una entrevista en LaSexta pesimista sobre que se pueda hacer algo con la toma de posesión porque es el nombrado el que elige la forma de acceder al cargo oficialmente. "Me consta que el Ministerio de Justicia estaba en ello, mirando a ver si puede haber algún tipo de resquicio o no pero es un tema complicado porque, repito, hay varias sentencias ya. No es fácil".
En el auto de 2016 tras el nombramiento de Puigdemont, el tribunal catalán evidenció la ausencia de relevancia penal en la elección de Puigdemont porque el Estatut y el Reglamento del Parlament no concretan la fórmula a seguir. "No establecen siquiera que los miembros del Govern de la Generalitat, al ser nombrados, deban jurar o prometer sus cargos, ni, por ende, deban emplear fórmula alguna de juramento o promesa". En caso de nulidad por lo contencioso-administrativo, dijo entonces el TSJC derivando la cuestión a esa jurisdicción, ésta "sólo podría afectar a la validez del acto en sí, pero nunca daría lugar a la configuración de un ilícito penal".
Como solución, el PP propone regular las tomas de posesión de los altos cargos. Esta oferta al resto de grupos que ha verbalizado también Rafael Hernando, portavoz del Grupo en el Congreso, ya la había adelantado Pedro Sánchez antes del acto de la Generalitat. El líder del PSOE apostó por legislar para obligar a los altos cargos a acatar la Constitución en la toma de posesión.
La propuesta del PP, que inlcuye a diputados y senadores, busca poner el foco en si "eludir el acatamiento de la Constitución y del Estatuto es constitutivo de una no formalización de la toma de posesión" y emplaza al Gobierno a ponerlo en manos de la Abogacía del Estado.
Los dos ojos en el exterior
A la par, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha advertido al ya president que el Gobierno estará vigilante en su acción exterior y que actuará si se extralimita.
La advertencia la ha hecho en una rueda de prensa tras una reunión con su homólogo chino Wang Yi. "En la medida en que la acción exterior del Gobierno catalán se atenga a sus competencias y perrogativas la respetaremos, pero en la medida en que se salga de ella, como ha hecho en el pasado, actuaremos".