ETA tiene en las cárceles a cerca de 300 miembros, de los que 245 están en España y el resto en Francia, donde están recluidos algunos de los etarras con un horizonte penitenciario más largo. El anuncio definitivo de su disolución pone sobre la mesa un debate sobre la revisión de la política penitenciaria hacia los presos de la banda que en los últimos días ya se ha ido agriando. ETA dice adiós tras 60 años de trayectoria y más de 800 asesinatos.
El fin de la dispersión de los encarcelados en España lleva años siendo reclamando por sus familiares, pero desde que la banda anunció en 2011 el fin de su actividad armada, se ha convertido en una demanda extendida en una sociedad que trata de cerrar heridas tras décadas de violencia.
Esta demanda ha generado estos años un debate político de fondo, casi en sordina, que ha subido de decibelios en las últimas horas de existencia de la banda terrorista. Si la posición de los distintos partidos ya anticipaba distintos choques entre ellos, las palabras ayer del lehendakari Íñigo Urkullu sirvieron para abrir el melón de la política de acercamiento de presos.
"El Gobierno siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria la disolución de ETA", dijo Urkullu en una entrevista en la que aseguró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era ahora "sensible" a un cambio de política que acercase al País Vasco a presos que hoy están en decenas de penitenciarías de todas España, evitando así costosos y largos viajes a sus familiares.
Estas palabras de Urukullu acercentaron las sospechas de ciertos sectores políticos que apuntaban a lo denunciado por Ciudadanos estas últimas semanas: algún tipo de acuerdo inicial entre el PP y el PNV sobre materia penitenciaria tras el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos. Estas sospechas llevaron a Ciudadanos a asegurar que retirarían su apoyo al Ejecutivo en las cuentas públicas si se confirmaba cualquier acuerdo al respecto.
No obstante, Rajoy salió ayer al paso para certificar que ETA no obtendrá nada con su disolución. Una tesis en la que abundó el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. Génova, por boca de su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, negó rotundamente varias veces a lo largo del día que el partido y el PNV hubieran abordado siquiera tangencialmente este tema.
Entre la oposición al Gobierno, la postura más dura corresponde a Ciudadanos, que se niega en rotundo a cualqueir beneficio carcelario a los etarras y que vigila que Moncloa no ceda ante las pretensiones del PNV. Por parte de PSOE y Podemos sí hay una defensa de la política de acercamiento, aunque con distintos matices.
El PSOE es partidario de acercar presos etarras a las cárceles del País Vasco, pero rechaza cambiar los requisitos actuales para facilitar el acceso de los miembros de la banda terrorista encarcelados a beneficios penitenciarios. Así lo explicó ayer el exlehendakari vasco y secretario de Política Federal del partido, Patxi López, que precisó que los socialistas llevan años defendiendo "otra política penitenciaria" que termine con la dispersión, dado que, bajo su punto de vista, sólo sirve para que la banda y su entorno tengan elementos para jugar a la "victimización".
Por su parte, Podemos no se pronunció ayer sobre el acercamiento de presos y se limitó a valorar el anuncio final de ETA. Sin embargo, en los últimos meses dirigentes del partido 'morado' han apoyado con vehemencia una política penitenciaria más laxa con los presos etarras favoreciendo su traslado a cárceles vascas. En este sentido, la formación ha participado en diferentes marchas en las que se hacía este reclamo.
Distribuidos en 44 cárceles
Los miembros de ETA que aún están entre rejas cumplen condena distribuidos, según cifras facilitadas por EFE, en 44 cárceles españolas y 18 francesas, donde se concentran los arrestados de las últimas cúpulas, además de otro preso en una cárcel de Portugal, según los datos de la agrupación de familiares de presos etarras, Etxerat.
El ritmo de descenso paulatino se aprecia especialmente desde 2012. Los que salían empezó a superar al de los que ingresaban, sin olvidar el efecto de la derogación de la doctrina Parot en 2013 que, en poco más de dos meses, supuso la excarcelación de 63 etarras.
Solo desde el pasado año han abandonado su celda definitivamente Idoia López Riaño, La Tigresa, que se desvinculó de ETA en 2010 y que ha estado encarcelada 23 años; Felipe San Epifanio, Pipe, jefe del sanguinario comando Barcelona tras el mismo periodo entre rejas; o José Miguel Gaztelu, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
En la lista de recientes excarcelaciones también figuran el dirigente sindical "abertzale" Rafael Díez Usabiaga tras seis años y medio de prisión por intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna o Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño tras cumplir condena por dar información para que la banda asesinara a Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003.
Nueve prisiones andaluzas se reparten 85 presos, por delante de los 45 que cumplen penas en cárceles de la Comunidad Valenciana, y, ya en menor medida, los que están internos en centros de Galicia (22), Castilla y León (15) o los 11 de Castilla La-Mancha.
Solo tres presos, según los datos de Etxerat, están en cárceles vascas y un cuarto, Ibon Iparragirre, enfermo de sida, fue en enero trasladado a un hospital de Gipuzkoa para seguir cumpliendo condena en régimen de prisión atenuada.
A estos internos hay que añadir los arrepentidos que se acogieron a la vía Nanclares y que están en la cárcel de Zaballa. Llegaron a ser una veintena y hoy se cuentan con los dedos por el goteo de salidas en los últimos cinco años, en tanto que los que continúan tienen suavizadas sus condiciones como Rafael Caride Simon, uno de los autores del atentado de Hipercor en Barcelona.
Un puñado de etarras que se suman a los trece que, internos en cárceles españoles, están a menos de 300 kilómetros del País Vasco, y a los cuatro etarras en la prisión gala de Mont-De-Marsan, a 234 kilómetros.
Frente a estos centros, los más alejados de Euskadi son los tres de la provincia de Cádiz, con 30 presos. Entre ellos, Aitor Agirrebarrena Beldarrain, por participar en el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle; José María Dorronsoro, uno de los jefes del aparato de extorsión; o Jon Bienzobas Arretxe, Karaka, por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.
El papel de los históricos
Son 45 etarras los que llevan 20 años en la cárcel y casi una treintena tiene 60 años o más. Dos de ellos son Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y Joseba Arregi Erostarbe, Fiti, que ostentaron la dirección de ETA que cayó en Bidart (Francia) hace 25 años, en una de las operaciones más relevantes de la lucha antiterrorista.
A estos dos jefes les sucedió Iñaki Bilbao, Iñaki de Lemona, que sigue cumpliendo condena en Albocasser (Castellón), pero al igual que Pakito lejos ya de la disciplina de la banda, pues ambos fueron expulsados hace más de una década por abogar por el desarme. Una petición que también firmó Ignacio Aracama Mendia, Makario, con 66 años, al que se atribuyen 18 asesinatos y que lleva 21 años entre rejas.
Poco menos, desde 2010, es el que lleva encarcelado en Villena (Alicante) José Lorenzo Ayestaran Legorburu, Fanecas, que hace dos años asumió todas las acciones de la banda.
Entre los últimos etarras veteranos extraditados figuran Félix Alberto López de la Calle, Mobutu, entregado por Francia hace casi dos años, y que es el más joven, con 56 años, de todos los mencionados, que superan los 64 años.
Más reciente fue la llegada desde Londres el año pasado de Antonio Troitiño (61 años), requerido desde 2012 por presunta reintegración a ETA, y que ha sido condenado a cerca de seis años de cárcel.
Los presos con más condena
En la prisión salmantina de Topas está Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, quien además de ser de los más veteranos en la cárcel -tiene 70 años-, es uno de los etarras más sanguinarios.
Tiene condenas de casi 2.000 años por el atentado de 1986 en la plaza de la Republicana Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles, o de otros casi 800 años por ordenar el atentado de Hipercor en Barcelona en 1987, en el que murieron 21 personas.
Como Potros, también histórico (59 años) y de los más duros, José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, cumple una abultada condena como responsable de 20 asesinatos y del intento de asesinato del Rey Juan Carlos en Mallorca en 1995.
Su detención en París en 1999 fue uno de los golpes policiales más destacados después de la tregua indefinida declarada un año antes. Fue el primer etarra entregado por Francia en virtud del mecanismo de entrega temporal en 2001.
Precisamente ese año fue arrestado Javier García Gaztelu, Txapote. El que fuera jefe militar de la banda cumple pena en Huelva como responsable de los asesinatos, entre otros, de Miguel Ángel Blanco; Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez; José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego (Huesca).
Etarras en prisiones francesas
Dieciocho cárceles francesas con medio centenar de reclusos etarras son la muestra de que el país galo dejó de ser hace muchos años el "santuario" o "refugio" de la banda. La cooperación en la lucha contra ETA ha permitido asestar los últimos grandes golpes a la banda, desde la cúpula hasta su estructura logística.
En sus prisiones figuran desde jefes militares como Mikel Garikoitz Azpiazu Rubina, Txeroki, y Juan Ibon Fernández de Iradi, Susper, hasta Mikel Albisu, Antza, o Mikel Carrera Sarobe, Ata, considerado en 2010 el máximo dirigente de la banda y condenado a dos cadenas perpetuas en Francia por los asesinatos en Capbreton en 2007 de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.
También en sus celdas están líderes del aparato logístico como Iñaki Esparza, Iñaki Reta de Frutos y Xabier Goinetxea, y las última cúpulas de David Pla, Iratxe Sorzabal e Isaskun Lesaka. Su relevo Mikel Irastorza, detenido en noviembre de 2016, sin embargo, quedó en libertad condicional en agosto pasado.
