El exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha negado que el cuerpo policial autonómico haya estado al servicio del independentismo y, en un recurso ante la magistrada que lo investiga, aseguró que advirtió a las autoridades políticas catalanas de los riesgos de celebrar un referéndum de secesión.
Trapero compareció el lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para que le fuera notificado un auto de procesamiento que le atribuye dos delitos de sedición y uno de integración en organización criminal por su actuación durante la jornada del referéndum de independencia del 1-O en Cataluña y en unas protestas previas. Según Lamela, los Mossos obstruyeron cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia.
Sin embargo, en un recurso presentado el 9 de abril que trascendió el lunes, la defensa de Trapero negó, tal y como sostenía la magistrada en su auto, que existiese coordinación entre la cúpula política de la Consejería de Interior catalana y los mandos de los Mossos con el propósito de lograr la secesión.
"Una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cuya cúpula, con el Major a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamento legal vigente y con las órdenes emanadas del Poder Judicial y de la Fiscalía", sostenía el recurso.
"Estos últimos (Mossos), en un acto sin precedentes, de forma pública, trasladan su discrepancia con los primeros y manifiestan su compromismo con los mandatos que pudieran producirse de los Jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal", agregó el texto firmado por la abogada Olga Tubau.
El Ministerio del Interior cesó al jefe operativo de los Mossos en una de las primeras medidas de intervención del Gobierno central en Cataluña. Poco después, la magistrada dictó medidas cautelares contra Trapero que incluían la retirada del pasaporte y una cita quincenal con los juzgados.
Según la jueza, durante la jornada del 1-O existió un plan premeditado por la cúpula de los Mossos para evitar actuar y concluyó que Trapero, el exdirector de la policía autonómica Pere Soler y el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecían "pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas".
De acuerdo a la magistrada, los tres integraban una organización jerarquizada bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra en Berlín a la espera de que un juzgado decida sobre su posible extradición a España.
En este sentido, la defensa de Trapero asegura que previamente a la celebración del referéndum del 1 de octubre, Trapero y otros cuatro comisarios de la jefatura de los Mossos se reunieron con Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquín Forn a petición del entonces mayor.
Según la abogada, Trapero solicitó las reuniones "con el fin de trasladar a los responsables del Gobierno de la Generalitat la preocupación común de todos ellos en relación al mantenimiento del reférendum convocado para el día 1 de octubre".
Se transmitió que "no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista" y la voluntad "de respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebración del reférendum", agregó el recurso.
Además, ante las acusaciones de inacción por parte de la jueza, la abogada negó que el cuerpo dirigido por Trapero hubiera evitado auxiliar a una comitiva judicial y a la Guardia Civil durante las protestas del 20 y el 21 de septiembre en Barcelona, cuando miles de personas se concentraron para protestar por las detenciones de varios altos cargos catalanes en unos hechos en los que fueron atacados tres vehículos de la Guardia Civil.
