Por la mañana, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa que investiga el proceso de secesión de Cataluña en el Tribunal Supremo, declaraba procesados por un delito de rebelión a 13 investigados: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsellers del Gobierno catalán -Joaquim Forn, Jordi Turull (actual candidato a la presidencia de la Generalitat), Raül Romeva, Clara Ponsati, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el de Ommnium Cultural Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Por la tarde, comparecían en el Supremo Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y acto seguido el juez dictó auto, ordenando la prisión incondicional del actual candidato a la Generalitat y los otros cuatro comparecientes, que ya estuvieron en la cárcel en noviembre pasado. Llarena justifica la medida cautelar en "un grave riesgo de fuga derivado de la grave punición al que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión" e, igualmente, porque concurre además un marcado riesgo de reiteración delictiva en los cinco procesados.
Ante la imposibilidad de que el candidato Jordi Turull y el resto de parlamentarios puedan acudir a "desempeñar sus funciones parlamentarios y a participar en la sesión de investidura prevista para hoy", Llarena apunta que "aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección".
El juez del Supremo expone que la causa que investiga hace frente a un ataque al Estado constitucional que, "con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". En opinión del juez, los hechos acaecidos son susceptibles de integrar un delito de rebelión del artículo 472.5º, 7º y concordantes del Código Penal. Un delito, el de rebelión, que castiga a los que "se alzaren violentamente y públicamente para [entre otros fines] declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno".
El auto declara explícitamente que la consumación del delito de rebelión no exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia de la parte del territorio afectada, en este caso Cataluña, sino que agota su contenido con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente, siempre que el comportamiento se instrumentalice a lograr dicha independencia. Y considera probado el uso de la violencia en los actos del 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en Barcelona.
Malversación de 1,6 millones
Además de rebelión, Llarena procesa por malversación de fondos al expresidente Puigdemont, al vicepresidente Junqueras, a los siete consellers también procesados por rebelión, a los que suma otros cinco exconsellers: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Maritxell Serret.
La resolución destaca que con la evaluación hasta ahora practicada, los gastos públicos que se comprometieron en la realización del referéndum ascendían a 1,6 millones de euros, destinados a la campaña de registro de catalanes en el extranjero, publicidad y difusión de la convocatoria, material como papeletas, censo electoral, y citaciones de los miembros de las mesas y para costear la participación de observadores internacionales, a lo que se dedicó cerca de 200.000 euros. Igualmente, se procesa a cinco miembros de la Mesa del Parlament por el delito de desobediencia.
