La abstención de la CUP en el debate de investidura de Jordi Turull, anunciada minutos antes del inicio del pleno del Parlament, condenó los planes de JxCat -con el apoyo de ERC- al fracaso, ya que sin los votos anticapitalistas no se pudo alcanzar la mayoría absoluta necesaria para la elección del candidato. Por contra, tres meses después de las elecciones del 21 de diciembre, se inició la cuenta atrás de dos meses por la cual se convocarán de nuevo comicios si no sale elegido antes un presidente catalán.
Turull podría ser president por mayoría simple en segunda votación, lo que tiene asegurado con los votos de JxCat y ERC, pero en este caso, el riesgo es que el candidato no pueda acudir a este segundo pleno. Y es que se debe celebrar a los dos días del primero, pero Turull está citado hoy ante el Tribunal Supremo como investigado en la causa del procés, y podría entrar en prisión preventiva.
Precisamente el pleno de investidura fue convocado con prisas, en la noche del miércoles para la tarde del jueves, tras la citación judicial y con el objetivo de que Turull acudiese ante el juez Pablo Llarena ya como nuevo presidente de la Generalitat investido, pero la CUP argumentó que no podían "condicionar" su acción política a la "acción represiva del Estado". Mantuvieron sus cuatro abstenciones, porque la propuesta de programa de gobierno de JxCat y ERC "no avanza en la construcción de medidas republicanas ni sociales que respondan a los derechos y necesidades de las clases populares". Además, la formación anticapitalista quiso dejar claro que el pleno urgente de ayer fue impulsado por JxCat y ERC, mientras que la CUP no participó.
Ya sabiendo que no contaría con el apoyo de los diputados cupaires, Turull insistió en varias ocasiones en su disposición al diálogo con el Gobierno español y con el Rey, aunque puntualizó que ello "no quiere decir debilidad ni renuncia" a su proyecto político. Al Ejecutivo central le pidió sentarse "de gobierno a gobierno", y no hizo referencia a continuar con el despliegue de la república catalana, pero aseveró: "No agacharemos la cabeza ante la injusticia, el miedo y las amenazas". También quiso lanzar un mensaje en castellano a los ciudadanos del resto de España: "Nos une el mismo deseo, vivir libres y en paz".
La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, espetó a Turull que "no puede ser parte de la solución alguien que forma parte del problema", y el líder del PSC, Miquel Iceta, consideró que el discurso del candidato de JxCat respondió a que no quería "meterse en más problemas de los que ya tiene". Tanto él como el representante de Catalunya En Comú Podem, Xavier Domènech, se mostraron desconcertados porque Turull no había clarificado qué camino quiere tomar si es elegido president, y el presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, preguntó si la mano tendida al diálogo será como la de Carles Puigdemont cuando planteó "referéndum o referéndum".
"No nos pueden encarcelar a todos", espetó el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, mientras que desde ERC, Sergi Sabrià sostuvo que el independentismo necesita todavía una mayoría "más sólida y transversal", pero que es urgente formar Govern para acabar con el 155. Carles Riera de la CUP expuso que "si se trata de hacer frente al Estado, Carles Puigdemont es el candidato, porque fue el más votado el 21-D y por su destitución ilegítima".
Perspectivas desfavorables
Las expectativas del candidato de JxCat a la investidura no son positivas, tras ver como el magistrado decidía ayer mantener entre rejas a Jordi Sànchez y el exconseller Joaquim Forn. Llarena considera, pese a haber renunciado ambos a seguir en política, que persiste el riesgo de reiteración delictiva contra la Constitución.
Además, la Guardia Civil presentó ayer ante el Supremo un informe en el que se atribuye a Turull un papel "extraordinariamente relevante" en el diseño del procés. El instituto armado sitúa al exconseller de Presidencia al frente del comité estratégico que organizó los movimientos del independentismo durante el procés y lo implica como una persona "tremendamente cercana" al proyecto soberanista, incluso antes de ocupar la Conselleria de Presidencia.
En esta línea, la Guardia Civil considera probado un gasto de al menos 701.511 euros para la campaña institucional vinculada al referéndum del 1 de octubre, a través de la conselleria que dirigía Turull. Este importe formaría parte de un pago total de 1,6 millones, que se repartió, según el informe, entre las consejerías de Economía, Trabajo, Salud, Cultura y Presidencia. El documento también recoge que Turull solicitó al exvicepresidente Oriol Junqueras 3,4 millones para una campaña cívica, aunque finalmente el concurso no se adjudicó.
