Desde que el independentismo comprendiera en octubre que su proyecto de ruptura era una quimera, no solo imposible jurídicamente, sino sin ningún apoyo internacional, su única estrategia para mantenerse en pie y atar a sus votantes ha sido el enfrentamiento.
El intento de investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat de Cataluña no es más que otro ejemplo de ello, porque, curiosamente, su candidatura ha ganado cuerpo justo cuando se anticipaba que podía resultar imposible. Es decir, cuando se anticipaba que existe el riesgo de que sea tan inútil como la de Carles Puigdemont o la de Jordi Sànchez; uno fugado de la justicia española y el otro, en prisión preventiva.
Así, Jordi Turull se convierte en el tercer capítulo con el que dar continuidad al relato simbólico independentista, que se construye sobre las vías de enfrentamiento con el Gobierno español y las excusas para tratar de desprestigiar a la Justicia española. El exconseller de Presidencia siempre había formado parte de las quinielas de presidenciables, pero su candidatura no se convirtió en una alternativa real hasta que se abrió la puerta a que hoy el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decrete su entrada en prisión o active su inhabilitación.
Solo ante esa expectativa, el presidente del Parlament, Roger Torrent tuvo prisa en acelerar la ronda de contactos -telefónica- y sacarse de la chistera una sesión de investidura exprés.
Tanta puesta en escena deja en el aire la pregunta, que se formulan la mayoría de catalanes, de si en medio de esta estrategia de confrontación el futuro Govern dedica algo de tiempo a valorar políticas que ayuden a que en Cataluña se restaure la confianza y se cierren las grietas económicas y sociales abiertas en otoño.
Ni siquiera el independentismo es capaz de defender que la tensión provocada por la amenaza de independencia no está pasando factura a una región que siempre había sido la locomotora española. Recuperar esa ventaja debería ser su única prioridad.
