El PP intentará este martes en el Congreso que el resto de grupos parlamentarios se sume a su estrategia de exigir aclaraciones a Ciudadanos sobre su contabilidad. En concreto, someterá a votación un texto para que el Tribunal de Cuentas valore si el partido de Albert Rivera cumplió con sus obligaciones tributarias en sus gastos correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2015.
Los 'populares' han registrado esta solicitud como propuesta de resolución al informe del fiscalizador sobre la contabilidad de los partidos y las aportaciones percibidas por las fundaciones políticas en los dos citados ejercicios.
La iniciativa se votará este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas junto con las propuestas de resolución del resto de grupos. Será la primera vez que las demás formaciones políticas tengan que pronunciarse con su voto sobre si es necesario investigar más las cuentas de los de Albert Rivera.
Ocho partidos 'suspensos'
Además de la contabilidad de Ciudadanos, en 2015 el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda tampoco avaló las cuentas de otras ocho formaciones entre las que estaban Izquierda Unida, Compromís, Convergencia y EH Bildu, por detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.
Sin embargo, el PP se centra solo en el caso del partido naranja. En un primer momento registró una propuesta que instaba al Tribunal de Cuentas a poner a disposición de la Agencia Tributaria toda la documentación referente a los gastos cuestionados por el fiscalizador para que investigase si habían cumplido con el fisco.
La primera de estas controvertidas partidas a la que el PP hace referencia en su propuesta es de 2014 y corresponde a 860.444,93 euros de grupos institucionales de Ciudadanos "en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo"; la segunda, de 2015, está integrada por 1.166.480 euros en concepto de "gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido".
Nada más conocer la iniciativa, Ciudadanos acusó a los 'populares' de poner la Hacienda Pública a su servicio, y finalmente el PP rectificó su propuesta, dejando al margen a la Agencia Tributaria, y limitándose a pedir que sea el propio Tribunal de Cuentas el que valore si Ciudadanos cumplió con "todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del IVA u otros impuestos o figuras retributivas".
El enfrentamiento del PP con el partido naranja al hilo de este informe del Tribunal de Cuentas tuvo su momento álgido el pasado jueves en la comisión de investigación de la contabilidad de todos los partidos impulsada por los 'populares' en el Senado. La bronca se desató a raíz de la comparecencia del gerente de la formación de Albert Rivera, Juan Carlos Cuadrado, y los 'populares' avanzaron la posibilidad de elevar el listón y citar al secretario general del partido, José Manuel Villegas.
Informes más claros
En la misma sesión se debatirán las propuestas de los demás grupos parlamentarios. Ciudadanos propone que los partidos asuman y corrijan las observaciones del tribunal, que el Gobierno impulse una reforma legal para clarificar los supuestos señalados en el informe y que el tribunal procure que sus documentos "ofrezcan las explicaciones más claras y accesibles posibles".
El partido naranja, al igual que el Tribunal de Cuentas, también aboga por replantearse la continuidad de las subvenciones que reciben los partidos para compensar gastos de seguridad frente a la amenaza terrorista.
Por su parte, el PSOE quiere que se aclare "la consolidación a nivel institucional local de los grupos institucionales con la contabilidad de los partidos", es decir, cómo se contabilizan esos ingresos, estableciendo un plazo de aplicación para su adecuada adaptación.
Además, aconseja planes de ajuste para las formaciones políticas que presenten un saldo negativo durante tres años seguidos y pide al Ministerio del Interior que actualice el registro de partidos políticos para tener claro quién debe presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas.
Unidos Podemos, por último, reclama expedientes sancionadores para los partidos que incumplan la ley de financiación, detallar en los informes los créditos que tiene pendientes cada formación con idea de limitarlos, elaborar un plan de prevención del delito específico para los partidos y reformar la ley electoral para reducir el gasto en las campañas, entre otras medidas.
