En círculos independentistas se habla de los problemas que está teniendo Carles Puigdemont para asumir los pagos que implica su estancia, y la de los cuatro exconsejeros de la Generalitat que le acompañan, en Bélgica.
Al no haber regularizado su situación en el país, como es su obligación tras más de 90 días viviendo, Puigdemont no puede abrir ninguna cuenta en los bancos belgas.
El artículo 155 también impide que la embajada de la Generalitat en Bélgica sufrague sus gastos. De ahí que no le quede más remedio que tirar de dinero en efectivo que, según dicen en ámbitos políticos, le llega por contribuciones de empresarios afines al procés.
El problema es que esos movimientos de efectivo nunca pueden superar el límite de 10.000 euros que establece la normativa europea. De lo contrario se incurriría en delito fiscal. Aunque Puigdemont se cuida de respetar el tope, la autoridad belga controla de cerca todos sus pagos.
Tanto es así que parece que el expresident ya ha recibido algún toque de atención por parte del Ejecutivo del país por los 8.000 euros que cuesta el alquiler de la residencia de Waterloo. "Aunque no se supera el tope, la Hacienda de Valonia ha estrechado la vigilancia sobre sus movimientos", corroboran desde el entorno independentista.
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