El tiempo muerto que vive la política catalana a la espera de que el independentismo presente un candidato alternativo a Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat se mantiene. Con cada vez menos apoyos -el PDeCAT ya exige públicamente la formación de un Govern estable y dentro de la legalidad y le pide que elija a un sucesor-, el ex presidente catalán no se abre a ofrecer otra alternativa; pero la oposición comienza a dar pasos para alterar esta situación.
El jueves, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, adelantó que su grupo parlamentario forzaría la convocatoria de un pleno de "desbloqueo" si Roger Torrent no iniciaba una ronda de contactos para buscar una propuesta alternativa a la presidencia a la de Puigdemont. Arrimadas, no obstante, no quiso desvelar si ella se podría presentar como candidata a la Presidencia en ese posible pleno extraordinario, en el que se buscaría conocer "qué piensa cada partido político". En numerosas ocasiones insistió en que se trataba de un pleno para dar "transparencia" a los "tejemanejes" entre "Convergència y ERC", sin querer dar más pistas sobre cuál sería su estrategia política posterior.
Este anuncio, sin embargo, es otro elemento de presión a Roger Torrent, además del reciente informe de los letrados del Parlament. En el informe publicado la semana pasada -en el que se evalúa si está corriendo el plazo hacia unas nuevas elecciones por no haberse celebrado la sesión de investidura-, los servicios jurídicos del parlamento insistieron en que el plazo no transcurre al menos hasta que el Tribunal Constitucional señale si admite a trámite, o no, el recurso de Moncloa contra la candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Iniciativa del president
Los letrados, asimismo, señalan que es responsabilidad de Roger Torrent el desbloquear la situación a través de un pleno en el que se reconozca que ha fallado la primera jornada de investidura; o con una nueva ronda de contactos y propuesta. Si no, abren la puerta a que sea otro grupo parlamentario el que tome la iniciativa.Por ahora, C's pretende presionar los plazos, ya que ha dado de plazo hasta el próximo martes al presidente de la cámara catalana.
No sólo los partidos constitucionalistas presionan al independentismo. Desde Moncloa comienzan a advertir de que, sin un Govern efectivo, se pueden ver obligados a tomar algunas decisiones relevantes para asegurar el buen funcionamiento de hecho. El jueves, de hecho, se tocó un tema muy sensible, como es la educación en castellano. El gobierno de Rajoy parece dispuesto a que el castellano sea, de forma efectiva, una lengua vehicular en la educación en Cataluña y permitiría elegir la escolarización en este idioma.
La respuesta no se hizo esperar: el PDeCAT, ERC y los Comunes exigieron la formación de un gobierno de forma rápida con el que evitar que se modificara la política lingüística.
