No dio este viernes Rajoy puntada sin hilo cuando, al ser preguntado sobre si se reunirá con Puigdemont, respondió: "Hablaré con quien ejerza de presidente de la Generalitat, para lo cual antes tiene que tomar posesión de su escaño y ser elegido". Y es que, aunque desde que conociera los resultados el cabeza de lista de Junts per Catalunya haya actuado como 'president' in péctore, lo cierto es que sus posibilidades de ser reelegido son remotas, dada su situación procesal.
De hecho, la evolución judicial de la causa contra el 'procés' aboca -de forma casi irremediable- a los huidos y encarcelados a la renuncia de sus escaños si no quieren poner en peligro la mayoría independentista en el 'Parlament'.
Para que Puigdemont volviera a ocupar el palacio de Sant Jaume tienen que darse dos condiciones. La primera, que tome posesión de su escaño en el 'Parlament', dado que para ser elegido 'president' se debe ser diputado. Y la segunda es que se presente a la sesión de investidura y que lo respalde la mayoría absoluta de la Cámara en primera votación o la mayoría simple en una segunda ronda.
La adquisición del escaño, tal y como determina el Reglamento de la Cámara, no exige la presencia física del candidato electo. Los trámites -presentar la credencial de la Administración electoral, prometer o jurar la Constitución y el Estatut y presentar las declaraciones de bienes y actividades- puede hacerse a través de un intermediario.
En consecuencia, tanto si Puigdemont permanece huido en Bélgica, como si retorna y es encarcelado -sobre él pesa una orden de detención en cuanto pise territorio español-, podrá adquirir sin problemas la condición de diputado. Los problemas vienen después.
Peligra su candidatura y la mayoría
La segunda de las condiciones, la de ser investido, es la problemática, tanto si el 'expresident' permanece en Bruselas como si vuelve y es encarcelado. Por dos razones, además. Porque estaría en cuestión la propia capacidad de Puigdemont de ser elegido y también la mayoría que lo debería respaldar.
Para ser elegido 'president', el Reglamento exige que el candidato a la investidura pronuncie un discurso en el que presenta su programa de Gobierno. Posteriormente, someterse a votación.
Nada dice la norma sobre si cabe pronunciar el discurso a través de vías telemáticas, lo cual permitiría a Puigdemont presentarse a la investidura desde Bruselas. El grado de absurdo al que los separatistas han elevado su acción política, resulta difícil descartar que les pareciera descabellado un discurso 'en plasma'. No obstante, los servicios jurídicos del 'Parlament' tendrían que pronunciarse sobre su validez.
La ausencia de Puigdemont, sin embargo, restaría un voto a su propia candidatura, dado que el voto solo puede delegarse en caso de enfermedad grave, hospitalización o incapacidad. Si el resto de huidos (Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret) tampoco regresan y los encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn) no son liberados, el independentismo perdería ocho votos que le dejarían en minoría en el 'Parlament' y la investidura no podría salir adelante ni en primera ni en segunda vuelta.
Tampoco conseguiría mayoría en el supuesto de que Junqueras, Sánchez y Forn fueran excarcelados y se produciría un empate a 65 entre separatistas y no separatistas.
¿Y si vuelve?
En el caso de que el 'expresident' decidiera volver de Bélgica y someterse a la anunciada prisión provisional, cualquier actuación política quedaría sometida a una previa autorización judicial.
Existe el precedente del exmiembro de ETA y de Herri Batasuna, Juan Carlos Yoldi, a quien, estando en prisión preventiva, la Justicia concedió un permiso para poder presentarse a la investidura como 'lehendakari' en 1987. Ese caso, no obstante, presentaba algunas particularidades que lo distinguen del actual. En primer lugar, que Yoldi se presentaba para no ser elegido, sino solo como alternativa al 'peneuvista' José Antonio Ardanza. En segundo término, que los delitos por los que el Supremo investiga a Puigdemont están directamente relacionados con el ejercicio del cargo al que pretende acceder, con lo que es fácil que el instructor aprecie riesgo de reiteración delictiva -argumento que ya expuso cuando denegó la libertad de Sánchez, expresidente de la ANC y número dos de Junts per Catalunya, para poder hacer campaña-.
No obstante, aunque de modo excepcional el instructor Llarena autorizara a Puigdemont a acudir a la investidura, sería necesario que el resto de huidos hubieran retornado a España y que, asimismo, se les autorizara a ellos y a Junqueras, Forn y Sánchez también la posibilidad de acudir al 'Parlament'.
De darse todos estos supuestos, la mayoría del separatismo quedaría condicionada a una autorización judicial prácticamente semanal -y no parece que un juez esté dispuesto a ello-. Así, el único escenario gobernable mínimamente lógico es el de que huidos y encarcelados renuncien a sus escaños. Cierto es, no obstante, que los impulsores del 'procés' abandonaron toda lógica hace tiempo y sus actos son del todo imprevisibles.
