El procés per la independència se ha caracterizado por el desprecio tanto a las leyes como a la democracia. Por una parte, los diversos partidos separatistas, y también el Govern de la Generalitat, han hecho caso omiso, o incluso han desobedecido abiertamente las leyes, cuando creían que eso favorecía sus intereses.
De hecho, el procés es la búsqueda cada vez más desesperada de la impunidad de una clase política para no responder por sus delitos. Por eso, en la "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República" se establecía la amnistía de los delitos que se hubiesen cometido para lograr la independencia.
Pero esta locura de procés también era una violación de la democracia: ni había una mayoría en votos de los partidos independentistas ni tampoco se reunían las mayorías reforzadas siquiera para cambiar la ley electoral. Una exigua mayoría actuó como una mayoría absolutista en el Parlament y declaró unilateralmente la independencia. Y como no existe mejor garantía de impunidad que la opacidad absoluta, la votación la hicieron en secreto. Idea, la del voto secreto, que irónicamente, defendió esa misma mañana el líder del PP catalán Xavier García Albiol.
Todo esto ha tenido unas consecuencias nefastas en todos los ámbitos: políticas, sociales, de convivencia, y también económicas. El procés ha tenido las nefastas consecuencias que siempre tiene violar las leyes y la democracia, en este caso en grado superlativo. Para salir de esta pesadilla, y poner fin a esta locura hay que cumplir dos condiciones.
En primer término, hay que querer parar el disparatado proceso independentista. Lo único que cabe esperar de la lista del fugado Puigdemont, Junts per Catalunya, o a Esquerra Republicana de Catalunya, es la insistencia en la locura imposible que ha llevado a todos los catalanes hasta esta situación límite. Como señalaba Albert Einstein: "No podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo las mismas cosas". De hecho, la política en estos dos últimos años la han marcado las ocurrencias de la CUP, que incluso impusieron al desconocido Puigdemont como president, y ahora también lo harían. El resultado ha sido un desastre sin paliativos, pero como señala la famosa Ley de Murphy, toda situación es susceptible de empeorar. Ningún resultado electoral sacará a los jordis de prisión, ni hará que Puigdemont vuelva -para eso le haría falta algo de coherencia y valor-. Sin embargo, que vuelvan a gobernar los mismos sí que complicará la vida a muchos catalanes.
Además, en segundo lugar, para acabar con el procés, hay que restaurar el Estado de derecho y la democracia. Por esa razón, no se acaba con el procés proponiendo incumplir las leyes para garantizar la impunidad de los que "presuntamente" se han saltado las leyes entre la clase política catalana. Por eso, la propuesta del candidato del PSC de indultar a los líderes separatistas encausados es un disparate. El mismo Iceta ha señalado que es una propuesta "prematura", pero eso es una obviedad: no se puede hablar de indultar hasta que no haya sentencia firme. Sin embargo, Iceta omite la obviedad de que el que tendría que acordar la medida sería el Gobierno Central.
En fin, como en el caso de las condonaciones de deuda, del fraccionamiento "consorciado" de la Agencia Tributaria, y de la mayoría de sus ocurrencias, el problema no es que sean inoportunas, inviables y disparatadas, es que simplemente no dependen de él. Como los independentistas, Iceta está haciendo promesas que simplemente no puede cumplir.
También resulta muy grave, aunque ha pasado desapercibida, la propuesta del PSC, recogida en su programa electoral, de volver a poner en vigor los artículos del Estatut declarados inconstitucionales. No es sólo una cuestión de que fragmentar el Poder Judicial del Estado, o limitar las competencias del Tribunal Supremo no sean precisamente una buena idea. Es simplemente que si se propone ignorar la Constitución y a su máximo intérprete, lo que se está proponiendo es simplemente que la Constitución no se aplique en Cataluña. Y para eso ya están los partidos nacionalistas y la muleta de Podemos.
En esta campaña electoral también está resultando surrealista el desprecio a los votos. Se supone que los electores votan para elegir un gobierno, no para que los políticos lo elijan, prescindiendo de su opinión, en un despacho a oscuras. Pues bien, para la lista de Puigdemont, todo lo que no sea hacer a Puigdemont president (virtual) es ilegítimo y condenable porque supone aplicar el artículo del número de la Bestia, que como saben todos ustedes es el 155. Por otra parte, para Doménech de Cataluña en Comú (marca de Podemos en Cataluña) y para Iceta, ambos deberían ser presidentes Borgen, aunque haya varios candidatos más votados. El planteamiento, sin duda muy democrático, es considerarse candidatos del consenso, por el sistema de vetar ellos a todos los demás, por unas razones o por otras. A uno le entra la duda, de que si van a ser presidentes de todas formas, independientemente de cuántos votos reciban, qué hacen pidiendo el voto y haciendo campaña.
Solo el voto a Arrimadas puede terminar con la pesadilla del procés. Ahora mismo, Ciudadanos es la única opción viable que plantea recuperar la Ley, la democracia, y en consecuencia, la convivencia. No se puede salir de un proceso contra las leyes y la democracia, proponiendo saltarse las leyes, y pretendiendo que el Govern de la Generalitat se elija prescindiendo de lo que votan los electores. Gracias a que el Gobierno hizo caso finalmente a Ciudadanos, los catalanes tienen la oportunidad de cerrar democráticamente una crisis institucional sin precedentes, pero para hacerlo sólo la papeleta de Arrimadas resulta útil. Y esa cuestión es la más importante el próximo 21 de diciembre, para los catalanes y para el conjunto de los españoles.