Lunes decisivo en el devenir de un conflicto catalán que se juega en paralelo en el ámbito político y en el judicial. La atención se reparte desde las 09:00 casi a partes iguales entre el Tribunal Supremo y la Cámara del Consejo de Bruselas -una suerte de tribunal de primera instancia-. El primero, debe pronunciarse sobre la solicitud de excarcelación de Oriol Junqueras, el resto de exconsellers en prisión y los Jordis. En el segundo, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, comparece por segunda vez antes de que la justicia belga se pronuncie sobre si autoriza o no la extradición solicitada por la Audiencia Nacional a Bélgica.
Ambas decisiones tendrán un efecto trascendente en el devenir de la campaña, que arranca esta medianoche. No obstante, mientras la decisión del instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena, es segura, el pronunciamiento de la Justicia belga no tiene por qué producirse necesariamente hoy. De hecho, dado que la defensa del expresident aún tiene a su disposición diversos mecanismos de recurso, ésta aún podría demorarse algunas semanas.
El 'expresident', un símbolo
La libertad de Junqueras permitiría a ERC recuperar para su campaña a la figura más presidenciable con la que cuenta en sus listas. Así, además de recabar la atención mediática que no ha gozado durante su mes en prisión, los independentistas podrían utilizar el simbolismo y emotividad de su liberación como gran baza electoral de cara al próximo 21-D.
La autorización de la euroorden, en cambio, conllevaría el encarcelamiento de Carles Puigdemont y, por tanto, su desaparición de la esfera pública. El papel que ha desempeñado desde Bruselas, con numerosas entrevistas, mítines y actos, sería sustituido por una campaña en manos de sus segundos espadas. Una apuesta arriesgada, especialmente cuando el expresident ha prescindido prácticamente por completo del PDeCat en la elaboración de su lista y ha apostado por un cartel muy personalista.
En el caso de que Llarena se negara a liberar a los exconsellers, el escenario político se quedaría prácticamente como está, con el independentismo trasladando la idea de que se está ante una nueva prueba de la persecución judicial que el Estado somete a los separatistas.
Aún caben dos recursos
Según informó la Fiscalía belga el pasado 17 de noviembre, tras la primera comparecencia de Puigdemont y del resto de los exconsellers huidos ante la Cámara del Consejo de Bruselas, la decisión sobre si se concede o no la extradición no tiene por qué adoptarse ese mismo día. De hecho, podría demorarse en torno a una semana.
La resolución de la Cámara del Consejo, no obstante, no es definitiva. Una vez se emita y se notifique a los interesados, éstos tienen 24 horas para recurrirla ante la Corte de Apelación. La decisión de este tribunal, a su vez, podría ser impugnada en casación ante el equivalente del Tribunal Supremo en Bélgica -el Tribunal de Casación-, que puede pronunciarse sobre cualquier eventual defecto de forma pero no sobre el fondo del asunto.
La euroorden fue dictada el pasado 17 de noviembre por la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que, en esa fecha, aún dirigía la instrucción contra el Govern cesado. El escrito solicitaba la extradición de los afectados por los delitos de rebelión, malversación, sedición y prevaricación.
La Fiscalía belga respaldó la ejecución de la euroorden, pero retiró del listado de delitos del de prevaricación, lo cual impedía que la solicitud se ejecutara de forma automática, al ser el único de los tipos penales que se encuentra en el listado de delitos que obligan a realizar una entrega inmediata.
La defensa de Puigdemont y los exconsellers rechaza que se ejecute la euroorden argumentando que en España los investigados no verán respetados sus derechos.
