El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y los exconsellers del entorno de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación". El Supremo podría citar como investigada a Rovira tras implicarle la Guardia Civil en la organización del 1-O.
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa pide para todos la libertad provisional o una "medida cautelar menos gravosa", así como que Llarena les cite a declarar "a los estrictos términos de discutir los elementos relevantes para su situación personal".
Aunque en una parte del escrito los imputados destacan que fueron citados a declarar a la Audiencia Nacional "pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña", después señalan que lo hicieron "ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno".
"El cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal de todos mis mandantes que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España", explica la defensa.
También subraya que, en su opinión, en el denominado 'procés' no existen "indicios de la concurrencia de los delitos de rebelión y sedición, pues no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario".
Es más, consideran que los hechos por los que se les imputa rebelión, sedición y malversación no son más que "el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos", ya que es "la propia Constitución Española" la que, en su opinión, debe "proteger al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante".
Derecho a hacer campaña electoral
Junqueras y los exconsejeros de ERC argumentan también su condición de candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, "a diferencia" de cuando fue ordenada la prisión, en las listas de un partido que, según remarcan, es "una organización legal, como legales son sus fines".
"Ahora mis mandantes son actores políticos de un proceso electoral y en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales", explica su defensa.
A su juicio, los candidatos a unas elecciones "tienen el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político", por lo que piden al juez del Supremo que valore este "nuevo elemento" que no pudo tener en cuenta la magistrada de la Audiencia Nacional cuando les envió a prisión porque entonces no eran candidatos, algo que "necesariamente debe influir" para decidir si mantener o no la medida cautelar.
Los del PDeCAT piden comparecer ante Llarena
Por su parte, los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull (PDeCAT) y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez han pedido comparecer ante Llarena y solicitan su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su implicación en la deriva soberanista catalana.
Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros por la celebración del referéndum catalán ilegal el pasado 1 de octubre, según han informado fuentes de la defensa.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.
