El Tribunal Supremo investigará y enjuiciará a los líderes del procés. El magistrado instructor Pablo Llarena dictó este viernes el auto por el que reclama para sí la investigación que hasta ahora seguía la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los doce exconsellers y los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart -los Jordis-, y la unifica con la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa.
Las defensas de los dirigentes separatistas solicitaron la unificación de la causa, porque confían en que el Supremo revise la prisión provisional dictada contra Junqueras y siete exconsellers y suavice las medidas cautelares. Para lograr su liberación, los encarcelados han asumido la vía Forcadell; esto es, acatar -o asumir- el artículo 155 y manifestar que la DUI no tuvo efectos jurídicos, para rebajar los riesgos de reiteración delictiva y de fuga.
A la espera de una eventual revisión de las medidas cautelares, lo cierto es que el Supremo ha echado un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los investigados de que el cambio de tribunal supusiera una posición más moderada en relación al fondo de la causa.
Así, a pesar de que el Alto Tribunal barajó rebajar la calificación de los hechos al delito de conspiración para la rebelión -lo que podría rebajar las penas a hasta tres años y medio de prisión-, Llarena no contempla esta opción e insiste, en línea con la Fiscalía, en apuntar al delito de rebelión, que se castiga con hasta 25 años de cárcel.
"Conexión inescindible"
El magistrado integra en la misma causa las investigaciones contra los 14 exmiembros del Govern, Forcadell y los integrantes de la Mesa del Parlament y los Jordis, pero deja fuera la investigación contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, que seguirá en la Audiencia.
El auto asevera que procede el enjuiciamiento conjunto, porque el delito de rebelión tiene "un carácter plurisubjetivo", en el que "sólo la suma de lo aportado por cada uno permite apreciar la significación antijurídica de los hechos". Y entre los aforados y los no aforados se aprecia una "conexión material inescindible" .
Además, argumenta que el procedimiento unificado es la única vía judicial para alcanzar una respuesta "simultánea y no contradictoria".
Llarena advierte que su decisión no se verá afectada por el 21-D -que alguno de los que no está aforado pase a estarlo o viceversa-. Y, según explica, la única forma de que el Supremo pierda su competencia es que ninguno de los investigados sacara escaño en el Parlament o fuera elegido miembro del Govern.
La revisión de las cautelares
La asunción de la causa por parte del Supremo traslada a Llarena la resolución de todos los recursos, escritos o demás cuestiones que se planteen en relación a los exmiembros del Govern.
Los últimos movimientos de las defensas de los exconsellers encarcelados se han centrado en brindar argumentos para lograr una revisión de la prisión provisional. En este sentido, tres de los exconsellers más destacados por su radicalidad independentista -Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- manifestaron acatar expresamente el artículo 155 en sus últimos recursos ante la Audiencia Nacional.
Más tibio fue Oriol Junqueras -consciente de la lectura política que se haría de su recurso-, que asumió el 155, pero evitó expresar un acatamiento explícito. Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa -que comparten abogado con el líder de ERC- también optaron por esta fórmula.
Está por ver qué valor dan el Supremo y la Fiscalía a las manifestaciones expresadas por los exconsellers. No obstante, cabe recordar que el propio Llarena permitió a Forcadell quedar en libertar, previo pago de una fianza de 150.000 euros, por haber renunciado "a cualquier actuación fuera del marco constitucional".
Más complicado se presenta el horizonte a corto plazo de Puigdemont y los otros cuatro huidos a Bélgica -Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí-, que esperan a conocer la decisión de la Justicia del país el próximo día 4 de diciembre.
La decisión de Llarena no afecta a la euroorden dictada por la Audiencia Nacional, en virtud de la cual se reclamaba a las autoridades belgas que extraditaran al expresident y los otros cuatro dirigentes para su ingreso en prisión provisional en España. Una vez se encuentren en territorio nacional, tendrán difícil justificar que, en su caso, no existe riesgo de fuga.