Artur Mas está buscando la manera de reunir el dinero que falta para llegar a los 5,25 millones de euros de la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas el 25 de septiembre por la utilización de fondos públicos para celebrar la consulta del 9N. El expresidente catalán tiene de plazo hasta el día 16 de noviembre y le quedan por abonar 2,8 millones. Por eso, ha pedido generosidad a quienes votaron ese domingo de noviembre 2014 para que echen una mano y eviten el embargo de sus inmuebles.
Tras un primer pago de 2,2 millones y un segundo de 200.000 euros efectuado el pasado martes, Mas agota los días de la prórroga para cumplir con la justicia y a falta de seis ha aprovechado una entrevista en 8tv para lanzar el mensaje al pueblo. "Lo arriesgamos todo, desde el punto de vista de los ahorros, cuando con un poco de generosidad de todos los que fueron a votar aquel noviembre del 2014 el problema podría quedar resuelto". Cabe recordar que uno de los lemas en apoyo a los encausados tras ese referéndum fallido fue #9NSOMTOTS.
El expresident asegura que no desisten pero reconoce que queda mucho dinero. "Algunos de nosotros ya tenemos los pisos tasados y valorados. Si no hay más remedio los tendremos que poner allí como fianza y aun así no llegaremos".
La fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas asciende a 5,25 millones en concepto de reparación. De esa cantidad, 4.831.599,03 euros corresponden a los gastos derivados de la organización de 9N y 420.349,14 a los intereses generados.
Para el tribunal, Mas el máximo pero no el único responsable. La fianza es solidaria por lo que puede abonarse entre todos los investigados, a quienes el juez señala en el auto las responsabilidades de manera individualiza en base a la acción cometida por cada uno y el dinero que supuso para las arcas públicas en el total de los 4,8 millones (aquí la tabla). Entre ellos, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs. En caso de que alguno no pudiera afrontar su parte, ésta será asumida por el resto.
Por el 9N, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a Ortega y Rigau por desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir el 9N, una consulta que había sido previamente prohibida en sede judicial. Homs, que por su condición de aforado (era diputado) fue juzgado por el Tribunal Supremo, fue condenado a un año y un mes de inhabilitación en esta causa.
