El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros tres exconsellers han recurrido este lunes su encarcelamiento ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves decretó su ingreso en prisión por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos en relación al denominado 'procès' independentista. En el recurso alegan que la prisión "lesiona irremediablemente su derecho a la participación política".
Según han confirmado fuentes de la investigación, la defensa de los exconsejeros Carles Mundó y Dolors Bassa -ambos de ERC- y Raúl Romeva ha presentado sendos escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que solicita la libertad de los políticos catalanes, que se encuentran en las prisiones de Estremera, en el caso de los varones, y de Alcalá Meco en el caso de Bassa.
Estos miembros del Govern cesado han alegado en su recurso que sufren "una situación de indefensión evidente", con su encarcelación desde el pasado jueves, en dos centros penitenciarios de Madrid. En un recurso de reforma, presentado ante Lamela, la defensa de estos cuatro investigados reclama que se inadmita la querella de la Fiscalía que dio origen a la causa.
El abogado está plenamente convencido de la inexistencia de responsabilidad penal: "Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia", sostiene en su escrito.
Libertad para el 21D
El vicepresident y los exconsellers han pedido a la Audiencia Nacional que valore también para su puesta en libertad que "son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral" de los comicios catalanes del 21 de diciembre.
"El hecho de que se encuentren en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política", sostienen los recursos, recogidos por Europa Press, que la defensa de Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han presentado para reclamar su excarcelación.
El abogado sostiene que la prisión preventiva de los exmandos de la Generalitat es profundamente desproporcionada y ha pedido a la magistrada Carmen Lamela tener en cuenta "el daño reputacional" que supone estar en prisión para un representante político en una situación preelectoral.
La magistrada Lamela acordó, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el ingreso en prisión sin fianza para Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Todos ellos, a excepción de Santi Vila, se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público centrando el interrogatorio en las cuestiones planteadas por sus abogados.
En su auto, de 19 páginas, la juez señaló que adoptaba esta medida cautelar porque su poder adquisitivo les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". También cobró especial importancia para la juez el cargo público ostentado por los acusados gracias al cual impulsaron el proceso independentista, según expuso.
Riesgo de fuga
También les recordó que algunos querellados en esta causa que investiga la Audiencia Nacional ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas.
Junqueras y el resto de exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad.
El pasado viernes, Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers de ERC, denunció a su salida de la prisión de Estremera que las condiciones de traslado de los acusados "no fueron las adecuadas".