
El tira y afloja de Carles Puigdemont coloca al parlamento de Cataluña, de nuevo, al igual que el pasado 10 de octubre, ante la posibilidad de que se declare la independencia.
Aunque durante el pleno de ayer no trascendió exactamente el documento que JxSí pretende proponer a votación hoy a partir de mediodía, se daba por descontado que, coincidiendo con la decisión del Senado, se impulsaría un gesto o votación para reactivarla. Es lo que establecía la Ley del Referéndum, aunque igualmente dando ese paso el independentismo se la saltará, ya que los resultados del ilegalizado referéndum del 1-O nunca los presentó la Sindicatura electoral, tal como exigía la norma.
El gobierno catalán esta completamente roto, con un enfrentamiento evidente entre ERC y los exconvergentes, una fractura abierta dentro del PDeCAT -el amago de convocatoria de elecciones de Carles Puigdemont provocó la dimisión en falso de dos diputados del partido- y con la presión de la CUP para declarar la República catalana. La movilización "permanente" a favor de la independencia, además, mantiene la tensión en la calle y, previsiblemente, hoy también se podrían suceder protestas y concentraciones.
De hecho, el presidente catalán ya vivió el jueves un episodio de movilización contra su propia prevista decisión de convocar elecciones autonómicas. Mientras que deliberaba si anunciaba la decisión dentro del Palau, se produjo una concentración de estudiantes universitarios, que ayer habían convocado una manifestación, y que le llamaron "traidor" por adelantar elecciones. En paralelo, Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, en Twitter, comparaba a Puigdemont indirectamente con Judas, al hablar de las "155 monedas de plata". ERC, de acuerdo con TV3, incluso adelantó que en el caso de que se convocaran elecciones, ellos abandonaría la Generalitat. No obstante esta tensión, Carles Puigdemont no intervino durante la sesión del pleno de ayer y delegó su intervención en su grupo, JxSí.
Según defiende el independentismo, la declaración de independencia provocará la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad. Aunque esta norma esta anulada por el Tribunal Constitucional, probablemente se utilizaría como arma de presión para presionar una doble legalidad por el independentismo. La situación es grave para los funcionarios, ya que la CUP e incluso el Govern les han llamado a desobedecer las indicaciones del gobierno español en caso de activación del 155. Benet Salellas, diputado de la CUP insistió el jueves en su intervención en el parlamento catalán que desobedecerán a "las leyes injustas".