A tres días del pleno que tendrá lugar este viernes en el Senado para aprobar el artículo 155, la vicepresidenta del Gobierno enviaba ayer una misiva al Govern catalán para invitarle a presentar sus alegaciones en la Cámara Baja y hablar de su proyecto secesionista, señalando que, hasta esa fecha, el Senado todavía "tiene la capacidad de adaptarse" a lo que la Generalitat pueda hacer en cada momento. Santamaría: El Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont.
Pero lo cierto es que ni en el Gobierno ni en el Partido Popular, con quien a primera hora del día estuvo reunido el presidente Rajoy, creen que Carles Puigdemont vaya a rectificar. Es más, llegados a este punto, no se fían de ninguno de sus movimientos. Y en sí, sospechan que esta repentina decisión de bajar ahora a Madrid atiende a otra jugada, a una prolongación de su desafío a la democracia española.
Así pues, el 155 seguirá "su marcha". Y en el caso de una convocatoria de elecciones por parte de la Generalitat, el artículo de la Constitución se adaptaría, se graduaría, pero nunca dejaría al libre albedrío la celebración de unos comicios autonómicos sin vigilar de cerca su transparencia. Es decir, el trámite podría modular su aplicación, pero parece poco probable que dejara de aplicarse. Porque, en definitiva, aclaró Sáenz de Santamaría, la "obligación" del Ejecutivo del PP es "devolver" la administración catalana a "la senda de la Constitución y del Estatuto de Autonomía".
En un escenario hostil a la normativa vigente, "se prevé que pueda haber decisiones de ceses o remociones respecto de aquellos cargos que abiertamente sigan sin cumplir con la Constitución". Según la vicepresidenta, todo depende de cómo sea la respuesta, porque "puede haber consejerías que actúen de una manera y otras de otra".
Entre tanto, el PP persiste en renovar la convivencia entre los catalanes, incentivar la recuperación económica y frenar la fuga de empresas, así como convocar elecciones autonómicas en el periodo "más breve posible", aunque este capítulo no esté cerrado: "Ya se verá cuando se puedan hacer", observan.
En su discurso, Génova mantiene el diálogo, y no solo desde el Senado. También abre otras puertas y renueva la oferta del Parlamento español para dirigirse desde allí a la sede en la que reside la soberanía popular. Recuerdan que así lo hizo el lehendakari Ibarretxe, quien al contrario que Puigdemont, sí aceptó al debate, aunque consiguió poca cosa a favor de su hoja de ruta. Sin embargo -puntualizan-, "la previsión constitucional avisa a los partidos nacionalistas de que el Estado tiene opciones de defender su soberanía".
Cierre de posturas
Se agotan, por tanto, las posibilidades reales de una marcha atrás en la aplicación del 155. Si la semana pasada había voces, tanto en el Gobierno como en el PSOE, que insistían en lanzar el mensaje de que una convocatoria de elecciones podría servir para revertir la situación, ahora el escenario es distinto.
Una vez activado el proceso, en el Gobierno prefieren llevar el 155 hasta el final. En el PSOE, más prudentes, siguen haciendo un tímido llamamiento a Puigdemont, aunque en privado admiten que la aplicación del 155 es prácticamente irreversible. La única opción para frenar la intervención del Ejecutivo pasaría necesariamente por la convocatoria de elecciones autonómicas y por renunciar a cualquier fórmula para declarar la independencia. "Una declaración unilateral de independencia (DUI) anulará cualquier posibilidad de parar el carro del 155", ratificó ayer el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente. "Una DUI es inaceptable, ni light, ni soft, ni verbal, ni escrita, sirve para volver a la legalidad", incluso aunque viniera acompañada de elecciones, aseveran en Ferraz.
