Carles Puigdemont ha hecho esperar hasta última hora de este sábado su declaración para valorar las medidas decididas por el Gobierno que activan la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El presidente catalán ha explicado que en su última carta a Rajoy reflejaba su "clamor por hablar". "Hoy, el Consejo de Ministro ha dado un portazo a esto. El Gobierno ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde Francisco Franco. La voluntad de los ciudadanos se expresó y se está violentando. El Gobierno español se ha proclamado de forma ilegítima el representante de la voluntad de los catalanes, sin pasar por las urnas".
Puigdemont ha anunciado que convocará una sesión plenaria en la cámara catalana donde se debatirán "los ataques del Gobierno sobre Cataluña" y donde propone que se tomen medidas al respecto. Es decir, el Parlament podrá debatir una respuesta a la aplicación del artículo 155 decidida este sábado por el Gobierno, que el jefe del Ejecutivo catalán ha considerado "fuera del Estado de derecho e ilegítima".
El presidente de la Generalitat ha acusado al Gobierno español de someter a Cataluña a una "humillación" al proclamarse representante ilegítimo con un poder que no procede de las urnas en las que votaron los catalanes.
"No podemos aceptar este ataque"
"Lo que tenemos, nos lo hemos ganado con la fuerza de la gente y de la democracia. No podemos aceptar este ataque. La humillación que pretende el Gobierno español llega a todos los estamentos de la vida pública catalana y se sitúa fuera de la legalidad. Es incompatible con el Estado de derecho la imposición de un sistema de gobierno no elegido en las urnas", ha argumentado Puigdemont.
Esta mañana, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció la petición de una autorización al Senado para el cese del Ejecutivo catalán al completo (presidente, vicepresidente y consejeros) sin que se produzca una suspensión de la autonomía o el autogobierno en Cataluña. El Gobierno pasará a controlar así las áreas de seguridad, incluyendo la dirección de los Mossos d'Esquadra; la Hacienda catalana y la gestión económica y supervisará los medios de comunicación autonómicos.
Las medidas permitirán que el Parlament continúe en funcionamiento aunque con atribuciones limitadas para garantizar que su actividad no persista en la desobediencia a la legalidad de la Constitución.
