Las Guardia Civil ha aportado grabaciones en la Audiencia Nacional para demostrar que los resultados del 1 de octubre y su justificación fueron decididos en los días previos a la celebración del referéndum ilegal de independencia que había convocado la Generalitat de Cataluña.
En una de estas conversaciones grabadas se oye: "Si van dos millones se tiene que decir que habrían sido tres, pero nos boicotearon". Así consta en el informe que han entregado los investigadores en la Audiencia Nacional.
En este documento incluyen una grabación realizada el día 27 de septiembre a las 16:11 horas de una conversación entre Francesc Sutrias, director del Patrimonio -cargo dependiente de la estructura política del departamento de la vicepresidencia de Economía y Hacienda-, y el que fuera consejero de Cultura, a propuesta de ERC, en el Gobierno de José Montilla, Joan Manuel Tresserras Gaju. Este último también fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y presidente de la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña entre 2005 y 2006.
Durante la conversación hablan de cómo se va a interpretar la jornada de votación del 1 de octubre y de la estrategia que tienen que seguir en la presentación de resultados. En este contexto, Joan Manuel Tresserras le dice que "no se puede hacer un discurso triunfalista que no tenga suficiente justificación" y que "tienen que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria: queríamos hacer esto y no nos han dejado y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer".
Tresserras prosigue con su planteamiento y afirma que "si se puede decir que han participado 3 millones de personas sería imparable". Pero precisa que "si van dos millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido tres pero lo han impedido, nos han boicoteado".
El exconsejero de Cultura insiste en que tras la votación del 1 de octubre se tienen que decir "cosas de este tipo". "El domingo por la noche se tiene que afinar bastante", remata.
La Generalitat anunció tras el referéndum ilegal que habían votado 2.286.217 personas (el 43,03% del censo), pero alegaron que no se habían podido abrir 400 escuelas, con un censo de 770.000 personas. La suma de ambas cifras supera ligeramente los tres millones.
Acto seguido, Francesc Sutrias -que depende de Josep María Jove, el secretario de la vicepresidencia que tenía en su casa la hoja de ruta para lograr la independencia-le dice a su interlocutor que "convocar elecciones sería un error" y Joan Manel le responde que "de entrada sí, pero a la larga se tendrán que convocar".
Pero en opinión de Sutrias, "se abriría otro frente de desestabilización interna que solamente favorecería al Estado". Cree que si se presentan a esas elecciones con un "programa determinado", el Gobierno "es capaz" de aplicar el 155 de una manera abierta y "suspender las elecciones". Por eso dice que él "mantendría la estabilidad del Gobierno hasta tener claro qué hacer", porque no cree que el día 2, pase lo que pase, "apliquen el 155 contra la Generalitat". Sutrias concluye esa conversación diciendo que si el referéndum tiene una "magnitud mínima habrán perdido evidentemente".
¿Cómo se hizo el recuento?
La Guardia Civil está convencida de que la Generalitat no dispuso de ningún medio para llevar a cabo el recuento y la verificación que pudiera legitimar los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre después de la "actividad frenética" que los agentes de la Benemérita desplegaron durante 48 horas, desde el sábado al domingo.
Los expertos informáticos de la Guardia Civil llaman la atención sobre el hecho de que desde el 1-O nadie ajeno a la Generalitat haya podido consultar los datos oficiales. Recuerdan, además, que "consiguieron monitorizar e inhabilitar todos los planes de la Generalitat" en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los agentes neutralizaron la que iba a ser la sala de recuentos del 1-O en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) y el Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat de Cataluña (CESICAT) el sábado 30 de septiembre, apenas 24 horas antes de que se abrieran los colegios desafiando las órdenes judiciales.
La prioridad de los agentes de la Unidad Tecnológica fue bloquear 29 aplicaciones y bases de datos diferentes gestionadas desde el CTTI que "pudieran ser susceptibles de utilizarse en un proceso electoral como el que nos ocupa", según explicó en un auto la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas.
