El avance de los días ha diluido el impacto que provocaron las imágenes de las cargas policiales contra los votantes, y el sabor a victoria con el que el independentismo se fue a la cama el 1-O se ha transformado en vértigo y desconcierto.
La euforia de ver cómo muchas de las portadas de la prensa extranjera criticaban la dureza de la Policía y la Guardia Civil, ha dado paso a la decepción al comprobar que la UE no ha modificado un ápice su postura en relación a la secesión -"el respeto al Estado de Derecho es fundamental", aseveró el miércoles el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans- y que los líderes internacionales no han reiterado su respaldo al Gobierno de Rajoy en su defensa de la unidad de España.
El último golpe a la autoestima del soberanismo lo han asestado la banca y las grandes empresas son sus planes para abandonar Cataluña por la inestabilidad.
Así, una semana después de la votación ilegal los únicos aliados que ha ganado el independentismo son Podemos, empeñado en presentarse como artífice de una negociación entre Gobierno y Generalitat, y algunos medios extranjeros, seducidos por el discurso de la represión.
La calle también aparece como otro actor que juega a favor del separatismo. Sin embargo, una tensión desbordada puede volverse en contra del Gobierno de Puigdemont, especialmente ahora que parece querer retroceder a posiciones más moderadas y dialogantes.
La UE, con la ley
El tirón de orejas que el lunes dio la Comisión Europea al Ejecutivo de Rajoy por la actuación policial en la consulta -"la violencia nunca puede ser un instrumento en política", afeó en un comunicado- fue interpretado como un ligero cambio de postura de Bruselas ante el conflicto catalán. El espejismo, sin embargo, duró dos días.
El miércoles, durante el debate que se celebró en la Eurocámara en relación al conflicto independentista, Timmermans no sólo defendió el cumplimiento de la ley, sino que incluso manifestó que en algunos casos los Estados deben recurrir al uso proporcionado de la fuerza para garantizar el respeto al marco legal.
Tampoco han cuajado las apelaciones de Puigdemont a que la UE se involucre y actúe de mediadora entre el Ejecutivo y el Govern. Cataluña sigue siendo un "asunto interno" del España para la UE.
A ello hay que sumar la claridad con la que desde Bruselas se reitera que si el territorio de un Estado miembro se escinde, quedará fuera del club comunitario, y el respaldo que Rajoy ha obtenido de los principales líderes internacionales, como Donald Trump, Angela Merkel o Emmanuel Macron.
El dinero abandona Barcelona
La banca y las empresas, con su anuncio de marcharse de Cataluña, han asestado un duro golpe al soberanismo. Los movimientos del Sabadell, CaixaBank, Gas Natural Fenosa o Dogi han herido de muerte el discurso sostenido por los impulsores del procés de que la independencia no sólo no dañaría a la economía catalana sino que la reforzaría. Entidades tan significativas como Catalana Occidente o las bodegas Freixenet y Codorníu pueden ser las siguientes en abandonar la comunidad.
Los inversores, por su parte, han aplaudido el éxodo de bancos y compañías con importantes subidas en la bolsa.
Investigaciones judiciales
La acción de los tribunales avanza lenta pero firme, y los episodios del 1-O y el 20 de septiembre, cuando miles de ciudadanos trataron de obstaculizar los registros en las sedes de las Consellerías, pueden pasar factura a los cargos de la Generalitat y las entidades soberanistas. También la aprobación de las Leyes de Transitoriedad y del Referéndum en contra de la suspensión del Constitucional.
Hay un reguero de querellas presentadas en los juzgados catalanes, y más tras los incidentes del 1-O. No obstante, las investigaciones más destacadas son tres.
La Audiencia Nacional instruye la causa por sedición por la que ya están imputados al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido las querellas de la Fiscalía contra Carme Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament, y contra Puigdemont y su Govern por tramitar las leyes de desconexión. Finalmente, un juzgado de Barcelona investiga si la Generalitat ha gastado más de 6 millones de euros en organizar la consulta del 1-O.
En el ámbito de los incumplimientos de la ley, cabe destacar las investigaciones que la Agencia Española de Protección de Datos y su homóloga autonómica también examinan el posible uso ilegal de los datos de los catalanes para la celebración del referéndum, lo que podría conllevar importantes sanciones a los organizadores.
El último varapalo al soberanismo aparece en relación a su intención de dar validez a la consulta. A la resolución de la Junta Electoral Central que certificaba la carencia de "garantías de objetividad y transparencia", hay que sumar que los observadores internacionales -contratados por la propia Generalitat- determinaron que el 1-O no cumplió los estándares internacionales.
