Clement Attlee, primer ministro británico tras derrotar a Winston Churchill concluida la II Guerra Mundial, dijo una vez que los referendos eran el "mecanismo de dictadores y demagogos", según recordaría notoriamente tres décadas después Margaret Thatcher.
Por entonces, 1975, la Dama de Hierro se refería a la consulta sobre la continuidad del país en la Comunidad Europea, a la que se había unido dos años antes, pero si algo evidencia el último medio siglo es que los plebiscitos constituyen un instrumento habitual en todo el mundo para disputas que sobrepasan la competencia política e incluso moral de la clase dirigente.
El propio Reino Unido se ha convertido en un laboratorio de pruebas, pese a que la votación popular representaba una herramienta inédita hasta los 70. Si Attlee la había calificado en 1945 como "un instrumento demasiado habitual del fascismo y del nazismo" es porque Churchill, de aquella premier, había propuesto someter a referéndum el mantenimiento de la coalición que llevaba diez años gobernando al norte del Canal de la Mancha.
El mandatario conservador se anotó la crítica y la primera consulta no tendría lugar hasta 1973, cuando el Ulster decidió continuar en la unión, en lugar de adherirse a la República de Irlanda, si bien el estreno nacional no llegaría hasta dos años después. Desde la votación del 73, Reino Unido ha celebrado 11, aunque solo tres han implicado a toda la población: la de la continuidad en el bloque comunitario, la que en 2011 confirmó el modelo electoral vigente y la que el año pasado certificó el Brexit.
El espejo escocés
Sin embargo, a la que Cataluña observa, aunque con la aspiración de correr mejor suerte, es a la de Escocia. Las similitudes de partida son innegables: un territorio gestionado por un ejecutivo nacionalista, elegido con un programa que prometía un plebiscito independentista, apelaciones a la historia como soporte para las ambiciones soberanistas y un gobierno central de corte conservador. La diferencia fundamental, por tanto, radica en la autorización y si el Ejecutivo de Mariano Rajoy invoca la Carta Magna de 1978 como base fundamental para rechazar la propuesta, Reino Unido carece de una constitución escrita, lo que prácticamente deja en manos del inquilino de Downing Street la interpretación de la ley.
Por ello, en 2012, David Cameron firmó con el nacionalista Alex Salmond el protocolo que autorizaba el referéndum. A diferencia del año pasado con el Brexit, en 2014 el envite le funcionó al primer ministro tory, quien cerró el debate secesionista para toda una generación.
Su arriesgada apuesta tenía alentadores precedentes en Canadá, una plaza que ha celebrado hasta dos consultas sobre la soberanía de Quebec, en 1980 y en 1995, con idéntico desenlace. Como el caso escocés, el pragmatismo económico derrotó las ansias nacionalistas, con la ayuda de un empresariado abiertamente a favor de la permanencia en el país norteamericano. Una de las paradojas del caso canadiense es que los mandatarios que autorizaron las votaciones, Pierre Trudeau (padre del actual primer ministro, Justin Trudeau) y Jean Chretien 15 años después, eran justamente originarios de Quebec y ambos defendieron la causa unionista. Además, frente a la papeleta preparada para mañana por la Generalitat, con una pregunta simple de tan solo 11 palabras -"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?"-, las formulaciones en Canadá contenían interrogantes que muchos electores consideraron inescrutables: 43 palabras en 1995 y hasta 106 en 1980.
El rechazo a la independencia no ha saldado el debate, pese a que las generaciones más jóvenes lo consideran menos relevante. Quebec es un territorio económicamente potente, ya que representa casi un quinto del PIB canadiense. De hecho, de ir por libre, se convertiría en la 44 economía del mundo, cerca de Noruega, si bien separarse la haría también más pobre: el envejecimiento poblacional que padece, junto al paro superior a la media, hace que se beneficie notablemente de las transferencias financieras del ejecutivo federal.
En este contexto, el panorama más parecido a Cataluña es el de Kurdistán, que el miércoles confirmó un apoyo de un 92 por ciento a la independencia de Irak en un proceso rechazado casi unánimemente por la comunidad internacional. Como la catalana, la votación no era legalmente vinculante y Bagdad ha amenazado con represalias, aunque el presidente de facto de la región insiste en que la consulta no acarrea soberanía inmediata, sino que abre un nuevo escenario de negociación con el Gobierno iraquí.