Los alcaldes de las localidades ilerdenses de Mollerussa (Marc Solsona), Oliana (Miquel Sala) y Pont de Suert (José Antonio Troguet) -los tres del PDECAT- se han negado a declarar este martes ante la Fiscalía tras ser citados por dar su apoyo a la celebración del referéndum del 1-O en sus municipios.
El alcalde de Mollerussa, en concreto, se ha negado a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña, donde ha sido citado dado su cargo también de diputado en el Parlament. En declaraciones a los periodistas a su salida de la Fiscalía, Solsona ha acusado a la Fiscalía de "extralimitarse de sus competencias" al citarle y ser un órgano "politizado".
Solsona ha explicado que ha estado en la Fiscalía durante media hora y que ha intentado sin éxito explicar los motivos por los que se negaba a declarar, al tiempo que ha dejado claro que "votar no es delito, no está tipificado en ningún sitio que participar en un referéndum sea ilegal".
Ha asegurado "no tener miedo" a las consecuencias legales que se deriven de su apoyo al referéndum y ha aseverado que al igual que se pide derecho a la ley, la justicia y las instituciones, también exigió que se respete su derecho a no declarar ante la Fiscalía. De hecho, ha retado a que se abra "una causa" a los alcaldes que apoyan el referéndum si se considera que han incurrido en un delito.
Preguntado por si temía ser encarcelado por su apoyo a la consulta, ha afirmado que "sólo soy alcalde y tengo un compromiso: que la gente pueda votar". "Las consecuencias que haya, las habrá", ha remachado.
Este miércoles también declararán ante la Fiscalía Superior de Cataluña como aforados que son, el alcalde de Valls (Tarragona), Albert Batet, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, a la que el TSJC investiga también por promover el 1-O desde la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
Hasta el momento, casi cuatro decenas de alcaldes ha sido citados a declarar como investigados entre hoy y el lunes próximo por las fiscalías de Tarragona, Lleida, Barcelona y Girona por haberse comprometido a facilitar locales para el referéndum sobre la independencia.
Los alcaldes citadados por la Fiscalía forman de los más de 700 primeros ediles que ya han expresado su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta, una actuación expresamente prohibida por el alto tribunal. Si desoyen esta orden del Constitucional podrían incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Sólo este último delito está castigado con penas de cárcel de hasta ocho años.
