Barcelona se une a Lleida y Tarragona y tampoco cederá locales para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Con esta negativa, se confirma el rechazo de los grandes ayuntamientos de Cataluña al procès.
El temor a que la institución y los funcionarios pudieran ser inhabilitados por permitir la votación es la razón que esgrime el ayuntamiento comandado por Ada Colau para descolgarse del referéndum. Esta decisión refleja la contundente respuesta judicial al secesionismo dada por el Estado y el grave error cometido por los independentistas al forzar el proceso con una consulta vinculante, que el Constitucional ha declarado ilegal.
A ello se une que el secesionismo es capaz hasta de manipular las cifras económicas y prometer pleno empleo o rebajas del 60 por ciento en el recibo de la luz para justificar sus aspiraciones. Aunque el independentismo ha vuelto a hacer gala de su tradicional victimismo, criticando que impedir la consulta sería violar la democracia, la realidad es que han sido Junts pel Sí y la CUP los que se han saltado todas las leyes. Así lo demuestra el espectáculo ofrecido esta semana en el Parlament y que recibió una tajante respuesta de la UE.
Se entiende el rechazo frontal, no solo del Ayuntamiento de Barcelona, sino de otros partidos nacionalistas, como el PNV. La amenaza con sanciones económicas y penales a los ediles, unido a las meteduras de pata de Puigdemont y Forcadell, abocan al fracaso al referéndum, que, de celebrarse, imposibilitará participar a la mitad de la población.
