Como si del juego de los topos se tratase, el Estado sigue dando mazazos al independentismo. A pesar de que el Gobierno evita pronunciar el famoso artículo 155 de la Constitución en sus intervenciones ante los medios de comunicación, de sus respuestas a los periodistas sí se extrae que Mariano Rajoy contempla su aplicación.
"Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada", matizaba el viernes el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, al recordar las palabras del presidente el día anterior en la misma sala de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
Rajoy advirtió el jueves de que "no renunciará a nada" para impedir que los independentistas catalanes coloquen las urnas el 1 de octubre. Esto incluye la aplicación del 155, que establece que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".
Ya el viernes, por primera vez de forma abierta, aunque sin mencionarlo, un miembro del Gobierno reconoció que poner en marcha esa disposición legal es una de las opciones que baraja el Ejecutivo.
Sin concretar
No obstante, Méndez de Vigo volvió a evitar la concreción sobre qué pasos tienen previstos, más allá de su "obligación de hacer cumplir la ley" y de defender la democracia. "El presidente del Gobierno dice que no renuncia a nada y el Gobierno ha manifestado hace tiempo que las medidas que tome serán proporcionadas y en el interés de la defensa de los derechos de todos los catalanes", reiteró.
El Gobierno ha puesto todo su empeño estos días en dejar claro que no dudará en activar cuanta maquinaria que sea necesaria para aplacar el desafío soberanista. El último mazazo llegó de la mano del Ejecutivo este mismo viernes, al cierre de una semana en la que se ha desatado la mayor crisis institucional vivida en nuestro país en los últimos 40 años.
Después de tres jornadas maratonianas, el Consejo de Ministros recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Transitoriedad, también denominada "de ruptura", y varios preceptos de la Ley del Código tributario de Cataluña, la "Hacienda catalana". Antes, el jueves, el Alto Tribunal suspendió la convocatoria del referéndum ilegal y su desarrollo. No habían pasado ni 24 horas desde la luz verde del Parlament.
Lo que sorprendió al Gobierno, dijo Méndez de Vigo, es que la Ley de Transitoriedad, que pretende ser "la norma del ordenamiento jurídico catalán" hasta que se apruebe una "Constitución de la República catalana", no recoja el "derecho a decidir" en que basan su campaña los independentistas.
Respaldo de PSOE y C's
Mazazo a mazazo, conforme vayan tomando decisiones, el Ejecutivo se las comunicará tanto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, como al de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que, en palabras del portavoz, mantienen un "diálogo permanente", y a los que el viernes agradeció una vez más su respaldo.
El ministro no precisó si, para la aplicación del artículo 155, tiene ya la luz verde de ambos partidos, que en cualquier caso no necesitaría: el Senado es el que autoriza al Gobierno a tomar esas medidas y el PP tiene en la Cámara mayoría absoluta.
Por otro lado, el titular de Educación respondió a la movilización a favor del referéndum de cientos de alcaldes que, según el independentismo, están dispuestos a colaborar para que el 1 de octubre se vote. Les advirtió de que serán colaboradores necesarios de un delito si facilitan la votación y que tendrán que atenerse "a las consecuencias".
