El Parlamento de Cataluña está viviendo su jornada más negra de la actual etapa democrática. El intento de incluir de forma dudosamente democrática un punto en el orden del día del pleno para aprobar una ley de ruptura con el estado español ha restado por ahora protagonismo al fondo de la cuestión que nos asusta y nos preocupa a todos. Y ha frenado por el momento la activación de los mecanismos automáticos dispuestos por el Estado para frenar este claro golpe contra la Constitución.
La hora final de este desafío multiplica por tanto su duración dando un barniz casi tercermundista a la situación política catalana. La sesión de esta mañana, retransmitida en directo con sus idas y venidas, sus acelerones y sus marchas atrás, sus afrentas y sus víctimas (los ciudadanos allí representados), no es lo que se merecen ni Cataluña ni España. En estos momentos de dudas e incertidumbres, los parlamentarios han protagonizado un esperpento provocado por las prisas del independentismo para llevar a puerto su intentona, sea cual sea ese destino.
Los derechos de los diputados autonómicos de Cataluña, en opinión de varios grupos parlamentarios, han sido pisoteados por la presidenta Carme Forcadell, para quien todo procedimiento es válido si resulta tendente al objetivo supremo: que los ciudadanos voten en las urnas si quieren separar a este territorio del resto del país de forma unilateral y en aras a un inexistente derecho de autodeterminación.
Saltarse las advertencias de los funcionarios de la propia Cámara no es de recibo en la figura del presidente de un parlamento. Repetir una votación claramente irregular porque los tuyos no han podido votar no es tampoco de recibo. Y todo eso ha ocurrido en esta mañana aciaga, cuyas imágenes ofrecerán los canales de televisión internacionales todo noticias comparándolas con esas broncas bochornosas que tienen lugar en países de corta y penosa tradición democrática.
Entidades
