El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros. La citación tiene como objetivo que tenga vista de la documentación existente en la instrucción y realizar las alegaciones pertinentes
El tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al expresidente catalán, también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Educación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.
Además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete ex altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9N. Se trata del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.
Será ese mismo 25 de septiembre cuando se produzca, si procede, el levantamiento del Acta de Liquidación Provisional. Si ésta resulta sea positiva, una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, es cuando se exigirá a los citados el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público, en este caso los cinco millones de euros de la consulta ilegal.
Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia que fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.
En respuesta, las principales entidades sociales independentistas, la ANC y Òmnium, pidieron donaciones para pagar la fianza del Tribunal Cuentas a los catalanes. ASí, deberán hacer aportaciones económicas a la "caja de solidaridad" que crearon meses atrás para ayudar a pagar las multas y fianzas vinculadas a la organización de la consulta del 9N. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reafirmó ayer en que convocará el referéndum del 1 de octubre pese a lo que definió como "represalia económica" del Tribunal de Cuentas a los organizadores del 9N.
