El Ejecutivo de Puigdemont y el grupo independentista del Parlament mantienen su estrategia de despiste frente al Gobierno de Rajoy, para no darle pistas y evitar que las medidas que pueda poner en marcha impidan el desarrollo del referéndum del 1 de octubre y la vigencia de las llamadas leyes de desconexión con el Estado.
El portavoz y conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, resumía ayer esta estrategia con precisión, al afirmar que "la gestión de los tiempos y los anuncios sobre el referéndum los manejamos nosotros".
Así, si bien parece que se preparan para aprobar la ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña en el pleno del Parlamento autonómico del 6 y 7 de septiembre, aún no se tienen noticias oficiales al respecto. Además, el propio Turull ha añadido mayor oscurantismo, al apuntar que la normativa se podría tramitar mediante un decreto ley y la llamada a las urnas llegar de forma inmediata.
Una estrategia judicial
El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. El 23 de enero de 2013, el Parlament aprobó la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña. El 8 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional suspendió esta declaración cautelarmente al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que posteriormente declararía inconstitucional.
La experiencia fue muy similar en septiembre de 2014 con respecto a la Ley de Consultas y el Decreto de Consulta del primer intento de referéndum, el del 9-N. El 11 de junio de 2015 el TC declaraba inconstitucionales los actos destinados a la realización del llamado proceso participativo.
Ante este panorama, las fechas en el calendario se han ido apretando y los independentistas tienen cada vez menos tiempo para actuar. De una parte la CUP quiere desvelar todas las incógnitas antes de la Diada, que se celebrará como es tradicional el 11 de septiembre, para poder iniciar oficialmente la campaña del referéndum el día 15. Además, sus líderes han señalado que de esta forma se conocerán las intenciones de Rajoy para impedir las votaciones el 1-O. Sin embargo, tal y como ha dejado claro Turull, es el Gobierno de la Generalitat quien quiere manejar las fechas. De una parte, parece moverle el deseo de mantener el secreto para evitar la capacidad de reacción del Ejecutivo españo. Por otro, se teme que las inhabilitaciones e, incluso detenciones por desobediencia al TC puedan acabar con el referéndum. Además, han comentado reiteradamente que sería darle un tiempo extraordinario al Pleno del TC para actuar y al Estado para prevenir las medidas oportunas.
Rajoy también guarda sus cartas, aunque ha asegurado que el núcleo director de esa respuesta lleva meses organizado y reuniéndose para fijar la estrategia política y judicial a los movimientos de la Generalitat. En la estrategia de Moncloa participan pocas personas.
Si bien es conocido que en el ámbito jurídico, la estrategia pasa por la actuación del Tribunal Constitucional (TC), que con tan solo admitir a trámite los recursos a las normas aprobadas por el Parlament o la Generalitat, éstas quedarán suspendidas a falta de una sentencia definitiva. Sin embargo, el secretismo de Rajoy se extiende a las medidas que se tiene previsto emplear en el caso de que las autoridades catalanas decidan desobedecer al TC.
Los jueces tienen previsto reunirse en un Pleno ordinario el 6 y 7 de septiembre, pero no descartan la celebración de un Pleno extraordinario el 12 o el 13 de septiembre, si el Gobierno presenta un recurso contra las normas decididas por la Generalitat o el Parlament.
Nada se ha filtrado sobre como se controlarán los lugares donde la Generalitat puede intentar colocar las urnas que Puigdemont ha anunciado que ya tiene. Muy pocos saben donde se encuentran guardadas. Tampoco se sabe como se actuará ante una desobediencia institucional de las sentencias del TC.
