La CUP está impacientándose cada vez más por la estrategia de la Generalitat de esquivar la respuesta judicial estatal a las iniciativas independentistas dejando para el último momento la aprobación de las leyes necesarias para celebrar el referéndum del 1 de octubre y la normativa de transitoriedad para el caso en que gane el sí. La Mesa del Parlament volvió ayer a pasar por alto la admisión a trámite de las dos proposiciones de ley registradas el 31 de julio -para el referéndum- y este lunes -para la ley de ruptura- por JxSí y la CUP. Así, a falta de 32 días para el supuesto referéndum del 1 de octubre sigue sin estar convocado porque ni siquiera ha empezado el proceso de aprobación de la ley que debe ampararlo.
Una opción es que estas normas sean incorporadas en el primer pleno del curso político catalán, convocado para los días 6 y 7 de septiembre, pero el orden del día no las contempla de momento. De todas formas, puede añadirlo la Mesa del Parlament del próximo martes 5, puede haber una reunión extraordinaria de la Mesa, y pueden proponerlo los grupos parlamentarios durante el pleno. La CUP presionaba ayer en esta línea, mientras que desde JxSí recordaban que también se puede convocar un pleno monográfico.
La otra opción es que el Govern impulse la norma como un decreto ley, pero el Ejecutivo ni lo confirma ni lo descarta. El conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, mantuvo ayer la ambigüedad en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán, y evitó ofrecer cualquier detalle hasta que no se decida la fórmula de "amparo legal" de estas normas "de acuerdo con el grupo parlamentario JxSí" y lo que acuerde con la CUP.
Desafío al Gobierno y el TC
Turull también declinó pronunciarse sobre si será antes de la Diada del 11 de septiembre, como reclama la CUP, pero aseguró que el 1 de octubre habrá referéndum pase lo que pase porque lo impulsarán "con todas las consecuencias", incluso desobedeciendo al Tribunal Constitucional. En esta línea, lanzó un mensaje a quienes pretendan evitarlo: "No pierdan el tiempo, el 1 de octubre se votará". De todas formas, la CUP no se conforma solo con palabras, y la diputada anticapitalista Mireia Boya demandaba ayer transparencia al Govern y que abandone la "estrategia de las astucias". En rueda de prensa en el Parlament proclamó: "Tendríamos que optar frontalmente por la autodeterminación. No hace falta esconderse".
La oposición pide un informe
Los grupos parlamentarios de C's, PSC, PP y SíQueEsPot anunciaron ayer que presentarán un escrito en el Parlament en el que solicitarán a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que pida a los letrados un informe jurídico sobre las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica que analice la legalidad de su contenido y el por qué se dilata su tramitación cuando lo normal es hacerlo en la Mesa posterior al registro.
Asimismo, el PSC duda de que a estas alturas puedan tramitarse a tiempo sin saltarse el reglamento de la Cámara catalana. La portavoz del grupo socialista, Eva Granados, añadió: "Lo hagan como lo hagan, tenemos que poder ir al Consejo de Garantías Estatutarias para que se manifieste sobre un texto que, solamente con mirar su título y el primer párrafo, se ve que sobrepasa el Estatut".
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