Estamentos de la Policía y la Guardia Civil emitieron este martes dos duros comunicados denunciando el impacto del independentismo y el juego político en su aislamiento y marginación de las actuaciones de investigación y gestión de los atentados acaecidos la pasada semana en Barcelona y Cambrils, así como de las pesquisas sobre la explosión registrada el pasado 17 de agosto en una casa de Alcanar okupada por los terroristas, donde llegaron a almacenar 105 bombonas de butano.
Los expertos consultados por elEconomista también han destacado cómo los recientes ataques terroristas han evidenciado esa falta de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad locales, autonómicas y estatales, y demandan una acción política para arbitrar un protocolo de colaboración.
El comunicado conjunto de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) destaca cómo fueron relegadas "con un único objetivo: el de transmitir una imagen al exterior de un Estado catalán autosuficiente, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública" y achaca esta situación "a la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos". El comunicado ensalza la labor de los Mossos, pero apunta a la "debilidad" de las instituciones y la clase política como clave de su marginación de las actuaciones. La denuncia más grave del comunicado del Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles es que "las autoridades de la Generalitat actuaron como si prefirieran más víctimas actuando solos los Mossos que menos víctimas si colaboraban la Policía y la Guardia Civil", Cuerpos que permanecieron a la espera y ofreciendo sus servicios sin ser estos demandados.
Denuncian desde AUGC y SUP que al equipo Tedax de la Guardia Civil se le impidió el acceso a la casa de Alcanar tras la explosión, así como el desconocimiento por parte de las autoridades catalanas del hecho de que el Imán de Ripoll, fallecido en la explosión, fuese discípulo de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista Chacal 1 en 2007. Estas actuaciones evidencian la "flagrante" vulneración de los acuerdos de cooperación y el deficiente funcionamiento de los mecanismos de comunicación entre las Fuerzas y Cuerpos policiales del país. Por su parte, la Junta Directiva Nacional del Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles destacó en su manifiesto que "no es cierto que haya habido colaboración entre ninguno de los cuatro Cuerpos con responsabilidad en la evitación de atentados yihadistas" y también achacó a "los mandos (de los Mossos) y los responsables políticos" los errores en la gestión de los atentados.
El comunicado desgrana los fallos más señalados: la vivienda ilegalmente ocupada de Alcanar no estaba controlada por ningún Cuerpo de seguridad, la explosión no hubiera sido considerada de gas por ningún Tedax dadas las características de los escombros, y el hecho que se pudiera acceder en coche a Las Ramblas es incompatible con un nivel de alerta 4. Además, aprecian inaceptable e inexplicable que los terroristas fueran capaces de vulnerar controles de los Mossos, así como el hecho de que el Imán permaneciera sin control tras cuatro años de cárcel por diversos delitos y estando vinculado a terroristas detenidos y con implicados en el 11-M. Por otro lado, el Colectivo ve injustificable que el director general de la Policía no dispusiera de competencias legales para establecer controles en la frontera con Francia, que fueron instalados por la Policía gala 24 horas después.
Según el análisis del criminólogo y experto universitario en Antiterrorismo y Servicios de Inteligencia Luis Alamancos, es necesaria una política de coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a todos los niveles y con Interior y el CNI. Ello permitiría potenciar las facultades de cada uno, rentabilizar la proximidad de la Policía Local para incrementar sus actuaciones de información, y ensanchar las capacidades de todas ellas. Se trataría de generar un protocolo de colaboración similar al mando único antiterrorista diseñado en la lucha contra ETA para enfrentar la amenaza yihadista. Además, Alamancos apunta a la necesidad de mayor inversión en medidas preventivas y pedagogía para desprogramar a los jóvenes captados por los terroristas para su proceso de radicalización. El avance de la amenaza yihadista, apunta, debe combatirse con decisión, unión política y unidad policial. Según Alamancos es necesario generar una cultura de la autodefensa, proveer formación para situaciones de emergencia y promover una central de inteligencia a escala europea.
Sin condecoración
En medio de la polémica, la Mesa del Parlament aprobó ayer conceder la Medalla de Honor de la institución, en categoría de oro, al Cuerpo de los Mossos de Esquadra, los servicios de emergencias, la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Local de Cambrils.
El acuerdo de la Mesa hacía extensivo "el agradecimiento y el reconocimiento al resto de Cuerpos de seguridad y a todos los voluntarios" que participaron "con generosidad y espíritu cívico en la respuesta a los atentados", pero la exclusión de la Guardia Civil y la Policía Nacional del galardón fue criticada por C's, PSC y PP, que intentaron sin éxito en la reunión de la Mesa que también recibiesen la Medalla.
