La insistencia de los representantes del Govern y de los partidos que lo sostienen en que el próximo 1 de octubre habrá urnas para que los ciudadanos puedan votar, tras la prohibición efectiva del Tribunal Constitucional de la celebración del referéndum, ha encendido una nueva alarma en Madrid.
Puigdemont podría echar mano de un nuevo -y arriesgado- plan para dar cabida a su referéndum independentista, y debe decidirlo en las próximas 24 horas, que es el tiempo que le queda de límite para poder convocar elecciones anticipadas en Cataluña.
Una convocatoria de elecciones a la Generalitat, que sería legítima y está dentro de las capacidades de su Ejecutivo, es también la opción más deseada por los partidos contrarios a la celebración de un referéndum sin legitimidad ni contemplado en la Constitución -es decir, todos, excepto el PdeCAT, ERC y la CUP-. Sin embargo, el giro que podría intentar Puigdemont y que ya contempla el Gobierno central es convocar estas elecciones para que sirvan de paraguas y doten de la infraestructura para que los ciudadanos también puedan votar en un referéndum, según apunta el diario El Mundo este domingo.
Una convocatoria electoral legítima concedería a Puigdemont el tan necesitado censo electoral, colegios abiertos, urnas y un presupuesto para celebrar la votación. Y con esa infraestructura, podría intentar que las elecciones se escindieran en una doble elección, entrando así el referéndum.
De ser así, el problema se complicaría para el Gobierno ya que no existen precedentes y el modo de proceder no resulta claro en este escenario. Una de las opciones sería que la Junta Electoral Central "llegase a declarar la nulidad de esos comicios por estar contaminado por un proceso paralelo contrario a la Carta Magna", explica El Mundo.
Sin embargo, Puigdemont dejaría poco margen al Gobierno y jugaría con estirar los plazos antes de efectuar una convocatoria a este referéndum encubierto. Eso sí, el plazo para convocar elecciones anticipadas acaba este lunes, cuando quedarían los 54 días que marca la ley para convocar los comicios.
