Las grandes empresas catalanas están muy lejos de apoyar los cambios legales que impulsan los partidos independentistas catalanes para dotar de un marco jurídico válido a su desafío de ruptura.
La comisión jurídica de la patronal Foment del Treball dio a conocer el jueves un durísimo informe en el que se instaba a frenar la tramitación parlamentaria de la Ley del Referéndum. Según los juristas de la patronal, la propuesta presentada por JxSí y la CUP, impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos. De llevarse a cabo, puntualizan, "supondría de hecho un golpe de estado jurídico al derecho interno e internacional y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles", señala la patronal.
Las consideraciones de la comisión jurídica de Foment arremeten contra los planes de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras. No solo señala que el contenido del proyecto de Ley del Referéndum se sitúa completamente al margen "de los principios de la democracia y del Estado de Derecho", sino que insiste en que dicho proyecto de ley no está "legitimado ni por el derecho internacional ni por el mandato democrático de las elecciones al Parlamento del 27 de septiembre de 2015", insisten.
El documento que han elaborado los juristas de Foment, también rebate una de las argumentaciones que defiende el Gobierno catalán para impulsar del 1-O, que es el reconocimiento internacional del referéndum. "No respeta los mínimos legales exigidos por las organizaciones internacionales y por la doctrina para celebrar un referéndum secesionista", apostilla en el comunicado remitido ayer a los medios de comunicación.
Frustrar el intento
Tras la aprobación el miércoles de la reforma del reglamento del parlamento catalán, ha quedado habilitada la aprobación de leyes de forma rápida. Es un camino que el independentismo esperaba utilizar para sacar adelante tanto la Ley del Referéndum, como la Ley de Transitoriedad Jurídica. No obstante, el gobierno español probablemente impulsará que se inhabilite.
El Consejo de Estado dictaminó ayer que esta reforma tiene base jurídica para ser impugnada ante el Tribunal Constitucional , por lo que el Consejo de Ministros de hoy podría iniciar el trámite.
Esta posible impugnación podría no ser la única a pesar de que, oficialmente, las vacaciones del gobierno español y del parlamento catalán arrancan este viernes. No solo para frenar el Código Tributario, que se espera aprobar hoy, sino ante la posibilidad de que se aprueben en verano otras leyes de ruptura, como la del Referéndum o la de Transitoriedad Jurídica. En principio, la actividad parlamentaria en Cataluña se retoma a mediados de agosto. Puigdemont ha adelantado la vuelta de vacaciones de los diputados ante la cercanía del 1-O. Soraya Sáenz de Santamaría ya ha pedido a los ministros que no estén a más de dos horas de Madrid por si hubiera que actuar de urgencia.
