La Generalitat de Cataluña sigue adelante con sus planes para organizar el referéndum, a pesar de que el Gobierno del Estado le somete desde esta semana a un escrutinio especial para evitar que se utilice dinero público -o más concretamente los fondos del FLA- para pagarlo. Según diversos medios, el presidente catalán habría señalado en una cena que las urnas ya se habrían comprado. Pero hay más pasos.
Si hace unos días Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, sugería la creación de fondo -con aportaciones individuales de los catalanes- para pagar los gastos de la consulta del 9-N y evitar así que Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs tuvieran que asumirlos, ayer el Gobierno de Puigdemont fue más allá y aprobó sufragar los gastos de defensa legal que los funcionarios de la Generalitat y de los miembros del Gobierno catalán "cuando se defiendan los intereses generales de la Generalitat", explicó Jordi Turull, conseller de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán.
Aunque durante el acto no se especificó exactamente si la defensa de esos intereses se refiere concretamente a permitir un referéndum, Turull sí adelantó que era aplicable a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que está siendo investigada por la licitación de urnas, por los indicios de que fuera para el referéndum. La iniciativa, que según Turull ya se aplica tanto para los funcionarios del estado como para los de otras autonomías, sigue siendo arbitraria porque la defensa no será gratuita de forma automática: la aprobará un comité.
Esta no es la única medida que el Gobierno catalán anunció ayer con la intención de evitar que los funcionarios se nieguen a acatar órdenes del Govern por el miedo a las consecuencias legales. Oriol Junqueras adelantó que no cumplirá con los requisitos impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en cuanto a quiénes deben asegurar que no se utilizan fondos públicos para organizar el referéndum. "No se facilitarán los datos de los empleados públicos, serán los conselleres quienes firmen los gastos de cada uno de sus departamentos, que no tenemos ningún problema en compartir, porque son públicos", señaló Junqueras. Además ironizó con la sospecha por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de que ciertas entidades públicas -como en Banco de Sangre- pudieran estar financiando el referéndum. "No se pagará con el FLA, sino con otros recursos de la Generalitat", adelantó.
Junqueras, asimismo, reiteró que la consulta ilegal se celebrará, que habrá urnas y que "estarán llenas de votos". Asimismo, adelantó que el Gobierno catalán recurriría ante el Tribunal Supremo y ante el Constitucional las medidas extraordinarias que había decidido aplicar el Ejecutivo de Rajoy para confirmar las transferencias del FLA.
De acuerdo con la publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), hoy el interventor general de Cataluña debe remitir al Gobierno español un documento en el que figuren las entidades públicas de la Generalitat y sus máximos responsables. Este listado es el que el Gobierno catalán se niega a enviar para proteger a los trabajadores de la Generalitat. En consecuencia tampoco emitirá el certificado individual de cada uno de ellos.
