En el maremágnum originado por la detención de Ángel María Villar, el nombre de Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre no ha tenido demasiada repercusión. Sin embargo, la labor de este alto funcionario ha sido clave para que el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), su hijo Gorka, el vicepresidente económico Juan Padrón y el secretario de la federación tinerfeña, Ramón Hernández Boussou, hayan acabado bajo custodia de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Soule' que investiga una corrupción sistematizada en la máxima institución del fútbol español.
Pero hay más. Según informa El Mundo, este licenciado en Derecho perteneciente al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado (un grupo de funcionarios que se encarga de dirigir, supervisar y ejecutar las políticas públicas) que desde 2012 hasta el pasado mes formó parte del CSD, el Consejo Superior de Deportes, ha iniciado los procesos contra los dirigentes de las federaciones españolas de taekwondo, tenis y baloncesto antes de que, con Ángel María Villar, completase un póquer de deportes a los que ha puesto patas arriba en busca de desmanes en sus altas instancias.
Como subdirector del Deporte Profesional y Control Financiero, y con el benplácito de Miguel Cardenal (anterior presidente del CSD), auditó y fiscalizó las diferentes federaciones deportivas españolas y ya son cuatro presidentes los que han tenido problemas con la justicia. Eso cuentan desde dentro del propio CSD, cuyos trabajadores hablan maravillas de Puig de la Bellacasa, calificándole de "meticuloso, trabajador y fino".
En el caso de Villar, aseguran, las investigaciones cursadas antes de dejar el CSD y las denuncias que elevó a la Fiscalía Anticorrupción han sido imprescindibles para la detención del todavía presidente de la RFEF. El último coletazo de un funcionario que se ha convertido en el azote de los presidentes bajo sospecha.
Antes, fue él quien profundizó en una denuncia territorial contra el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, lo que derivó en su detención por unos supuestos delitos de blanqueo y malversación de fondos que se están investigando y que no le han prohibido, por otra parte, salir reelegido de su cargo.
Su trabajo con las auditorías realizadas a la Federación Española de Baloncesto le permitió arrinconar a José Luis Sáez, expresidente, en relación a la posible comisión de siete delitos graves: malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal, falsedades documentales, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública. Ya fuera de la FEB, Sáez sigue esperando al curso de las investigaciones sobre su gestión, que se están ampliando según transcurren los meses.
También lleva su firma el estudio de las irregularides en la gestión de José Luis Escañuela, presidente de la Real Federación Española de Tenis, que acabó en una denuncia del CSD y la inhabilitación del dirigente por parte del TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) poniendo fin a seis años de mandato.
En la Embajada de España en París como consejero de Educación desde hace unos meses, ha podido observar cómo Villar ha caído en las garras de la justicia. Es el último retazo de su legado, una sucesión de investigaciones que ha hecho tambalearse a cuatro grandes federaciones del deporte español.
