"El tiempo nos ha dado la razón". Así es como arrancó ayer la CUP su intervención para opinar sobre la estampida de conselleres exconvergentes del Gobierno catalán. "No vamos a entrar a valorar cada nombramiento, pero ahora sí que hay un Govern comprometido con todas las consecuencias, que debe garantizar que se abran las escuelas y que los mossos no interfieran en el proceso político", apuntaron.
Carles Puigdemont aprobó el viernes una oleada de cambios en el Ejecutivo catalán, que ha dejado fuera de la Generalitat a los conselleres más "autonomistas", tal como los calificó la CUP. Así, relevó a Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Jané y al secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, y los sustituyó por un grupo de políticos con una línea independentista dura: Jordi Turull, Joaquim Forn, Clara Ponsati y Víctor Cullell. La ideología de los nuevos miembros del Gobierno catalán se inclina tanto hacia la ruptura que Inés Arrimadas, jefa de la oposición y líder de Ciudadanos, ironizó con que ahora para formar parte del Gobierno catalán lo único que hacía falta era "tener un carné de la ANC".
No es la primera baja que se produce entre los políticos convergentes menos radicales del Govern, ya que el 4 de julio Puigdemont acordó el cese de Jordi Baiget, que había sido hasta entonces conseller de Empresa.
Baiget había dudado en una entrevista sobre la realización del referéndum y también se había mostrado preocupado por las responsabilidades patrimoniales que podría tener que asumir en el caso de llevarse adelante. La querella de la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas en el caso del 9-N, que calcula que se podrían haber utilizado 10 millones de forma inapropiada para la organización de la consulta ilegalizada, ha sentado un mal precedente de cara al referéndum del 1-O.
Más allá de los posibles delitos de desobediencia y prevaricación a los que se expone el Gobierno catalán si continúa adelante con el referéndum ilegal, la querella ante el Tribunal de Cuentas demuestra que pueden existir responsabilidades patrimoniales que, en el caso del 1-O, incluso podrían ampliarse a un delito de malversación. El Tribunal Constitucional ha invalidado las partidas para "procesos electorales" de los Presupuestos de la Generalitat para este año, por lo que los fondos para el referéndum obligatoriamente deben salir de otro lado. "La solución puede ser impulsar una modificación presupuestaria y asignar fondos en otra partida", explican fuentes jurídicas. Dichos fondos los tendría que reasignar la Consellería de Economía, de la que, a partir de ahora, dependerá una nueva área de "procesos electorales". El Govern cuenta con un colchón de más de 300 millones de euros en el fondo de contingencia, que le permite disponer de capital para gastos "imprevistos".
Un órgano colegiado
Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, sin embargo, se ha negado a asumir en solitario la posible responsabilidad derivada del uso de fondos para la organización del referéndum.
De hecho, el viernes, durante la presentación de los cambios en el Ejecutivo catalán, tanto él como Puigdemont insistieron en que cualquier decisión que adoptara el Gobierno catalán relacionada con el referéndum, requeriría de una firma colegiada de todo el Ejecutivo. Con ella, en el caso de que cualquiera de sus actuaciones derivara en posibles responsabilidades patrimoniales, éstas se dividirían entre todos los miembros del Gobierno.
En el caso del núcleo duro del Govern, actualmente controla activos valorados en cerca de 1,6 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos de su declaración de bienes. Rull y Junqueras son los que cuentan con un patrimonio mayor.
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat
El presidente catalán es propietario del 50 por ciento de un inmueble que adquirió en 2003 valorado en 280.000 euros. Además, controla 14.000 euros en activos financieros.
Oriol Junqueras, vicepresidente y 'conseller' de Economía
Controla el 50 por ciento de un inmueble con valor catastral de 199.000 euros; otro de 60.000 euros procedente de una herencia y ostenta activos financieros valorados en unos 188.000 euros.
Jordi Turull, 'conseller' de Presidencia y portavoz
El nuevo 'conseller' de Presidencia es propietario de una vivienda adquirida en 1993 con un valor catastral de 49.700 euros. Asimismo, controla activos financieros por 112.000 euros.
Josep Rull, 'conseller' de Territorio
Rull cuenta con varios bienes inmuebles que, teniendo en cuenta su porcentaje en propiedad, están valorados en más de 500.000 euros. Además, cuenta con activos financieros por 67.000 euros.
Toni Comí, 'conseller' de Salud
En la declaración de bienes del consejero de Sanidad no figura que controle ningún bien inmueble. Entre el capital depositado en cuentas corrientes y en acciones controla unos 50.000 euros.
Raül Romeva, 'conseller' de Asuntos Institucionales
De acuerdo con la información sobre su declaración de bienes, controla el 50 por ciento de dos viviendas, valoradas en 413.000 y 155.000 euros. Tiene activos financieros por 11.000 euros.
