El Gobierno de Mariano Rajoy ha advertido esta semana a los ayuntamientos catalanes que apoyen el referéndum independentista del próximo 1 de octubre que se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros si colaboran cediendo los del padrón para la elaboración de un censo electoral.
Desde Moncloa se invoca a la Ley de Bases del Régimen Local y a la de Protección de Datos. Esta amenaza, sin embargo, no es óbice para que los consistorios comprometidos con el proceso soberanista, como es el caso de la localidad barcelonesa de Orrius, sigan manteniendo su hoja de ruta.
