"Es muy importante que el 1 de octubre vaya a votar más gente que el 9N". Artur Mas, inhabilitado desde hace unos meses precisamente por sacar las urnas de 2014, quiere que el 1-O sea un éxito aún mayor. Pero el Tribunal de Cuentas, a punto de abrir investigación por los más de cinco millones de dinero público que costó la primera consulta, enturbia el mensaje del expresident, que se desentendió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ese gasto.
Mas se erigió de ideólogo del 9N y nada más. El resto de responsabilidades, incluso la del presupuesto de la consulta sobre la independencia, de los voluntarios e interventores que participaron en la organización. La estrategia no le libró de la inhabilitación con la que se le castigó por desobediencia al Tribunal Constitucional y pone en el punto de mira a los agentes electorales que formará el Govern para no implicar a los funcionarios el primero de octubre, esto es, todos aquellos que dejen su firma en algún documento para el referéndum. "Nadie será forzado", aseguró Puigdemont hace unas semanas cuando saltó la alerta por las posibles implicaciones que conllevaría la participación.
Según elmundo.es, la Generalitat quiere seguir el esquema de defensa que utilizó Mas para desvincularse de esas mismas responsabilidades que al final tuvo que asumir, al menos penalmente, Mas. Plan que podría repetirse si el 1-O siguiera por los mismos derroteros. Consulta sobre la que el TSJC ha decidido también mantener la investigación por la licitación de las urnas al considerar indicios de que pueda estar vinculada al referéndum independentista y "orientada a infringir el mandato del Constitucional".
En concreto, el Tribunal de Cuentas estudia una petición de la Fiscalía para investigar a Mas y a sus entonces consejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones" del 9 de noviembre de 2014. El ministerio público realizó la petición tras la denuncia interpuesta por la Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, que consideran que aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
Todo apunta a que el Tribunal de Cuentas aceptará la investigación y nombrará un instructor para el caso cuando la Sección de Enjuiciamiento concluya las diligencias preliminares. En caso de encontrar esas responsabilidades podrá reclamar el reintegro de esa cantidad al Tesoro.
5.129.833 euros: cómo y porqué
Esos 5,1 millones derivan de la construcción de una página web institucional (14.837.60 euros), del material para la votación (70.532,08 euros), de la adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros), de la póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros), del apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y del envío de información (307.962,71 euros).
"Destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas", aseguran las asociaciones en la acusación contra Mas y a sus exconsejeros por facilitar la logística y medios (materiales y presupuestarios) necesarios para la realización de la consulta popular y por ordenar a sus subordinados y entes públicos dependientes "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".
