El extesorero de CDC Daniel Osàcar, acusado por las supuestas comisiones ilegales del partido, ha apelado al tribunal en su turno de palabra al final del juicio del caso Palau para defender que es un hombre "íntegro, honesto y honrado" y ha confiado en su absolución.
En la última sesión del juicio, ha acusado al fiscal Emilio Sánchez Ulled -que pide para él ocho años de cárcel por tráfico de influencias- de querer silenciarlo al hacerle pocas preguntas en su interrogatorio como acusado. "Sin duda, fue una decisión inteligente pero poco equitativa", ha reprochado al fiscal, y ha añadido que sí pudo explayarse en las respuestas a las preguntas de su abogado.
El abogado de CDC valora la reflexión del partido
"No sé si la desaparición de CDC como sujeto político tiene algo que ver con las responsabilidades que se pueden derivar de este procedimiento, pero, si es así, sería un caso único en la historia de la democracia española que alguien haga acto de contrición o examen de conciencia", ha afirmado el abogado de CDC, Xavier Melero.
Ha dicho que el partido ha estado presente en todos los hitos de la transición y democracia española, y ha admitido que ha tenido sus errores y defectos, pero "esta fragilidad y el nivel de conciencia es coherente" con mucha gente honorable de CDC. En este sentido, ha opinado que conoce a mucha gente del partido "honorable e intachable y que no merece que posibles errores de la formación incidan en su buena fe y su reputación".
También ha resaltado la "sensibilidad" de CDC al hacer lo que ha denominado un ejercicio de reflexión de su propia responsabilidad de marca al verse incluido en este procedimiento por un presunto caso de tráfico de influencias.
Largo y accidentado proceso
Tras cuatro meses y medio de juicio, y casi ocho años después de que en el verano de 2009 los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música para registrarlo, el caso queda hoy visto para sentencia, aunque se prevé que el fallo no esté listo hasta después del verano.
El 'caso Palau', con una quincena de acusados, tiene dos vertientes: el expolio del Palau, llevado a cabo y confesado en parte por su entonces presidente, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y el presunto cobro de 6,6 millones de euros en comisiones de CDC de Ferrovial a cambio de obra, usando el Palau como "cañería" para recibir el dinero, en definición del fiscal.
Pese al largo y accidentado proceso de instrucción -con cambios de jueces y resolución de recursos que provocaron grandes retrasos-, el punto de inflexión del caso se produjo semanas antes del juicio: las defensas de Millet, Montull y la hija de éste y exdirectora financiera, Gemma Montull, pactaron con el fiscal confesar las comisiones de CDC en busca de una rebaja de penas, especialmente para ella. Sin embargo, ni los dos exresponsables de Ferrovial acusados en la causa ni el extesorero convergente Daniel Osàcar han reconocido los hechos.
