Los socios políticos de la antigua Convergència ponen cada vez más distancia con el expartido. Si ERC ha forzado al Govern a que no bloqueara que el Consorci del Palau acusara a CDC en el juicio por su caso, ayer la CUP adelantó que quiere personarse como acusación particular en el juicio del caso 3%".
Lo hizo en la comisión de asuntos institucionales del parlamento catalán, donde Germà Gordó, diputado del PDeCAT y exconseller de Justicia durante el gobierno de Artur Mas, aunque reconoció que se había reunido con empresarios, negó que estos encuentros tuvieran ninguna relación con el presunto cobro de comisiones ilegales de CDC por obra pública.
El juez que instruye el caso del 3% ha pedido al TSJC que impute a Germà Gordó por dicha causa, pero dicha investigación ya ha sido rechazada en una ocasión por el tribunal. Gordó, de hecho, defendió ayer que no estaba siendo investigado y también respaldó la profesionalidad de los extesoreros de CDC, Viloca y Osàcar.
En paralelo a su declaración, el también exconvergente Carles Puigdemont mantuvo su pulso con el Estado español ayer y volvió a presionar con el referéndum. Concretamente, envió una carta a Mariano Rajoy donde afirmaba que el Gobierno de la Generalitat "tiene la máxima voluntad de buscar una solución política pactada y acordada a la demanda de la ciudadanía de Catalunya de poder decidir sobre su futuro". Cualquier paso que den los miembros del Govern para impulsar la consulta puede provocar su inhabilitación.
