Cristina Cifuentes ha dejado caer que el origen la filtración de los informes de la UCO, en los que se insinúa su responsabilidad sospechosa en la concesión del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, podría no ser muy lejano a ella. Alega que no cree en las casualidades, sugiriendo que todo esto sale a la luz por algo, y que ocurre tras estallar el caso Lezo que ella misma denunció en la Fiscalía al comprobar su equipo las flagrantes irregularidades que se cometieron en la inaudita compra de activos al otro lado del Atlántico.
Si es fuego amigo, avivado por los motivos que sea, la conclusión que la sociedad debe extraer es nefasta. Las garantías y la seguridad jurídica de cualquier ciudadano deben estar a salvo sea quien sea y ostente el cargo que ostente. Si se trata de otra clase de maniobra relacionada con la moción de censura que acaba de registrar Podemos en la Cámara autonómica, igual de malo.
La adjudicación de la cafetería al Grupo Cantoblanco se realizó con los informes favorables de los técnicos y en un proceso en el que hubo unanimidad de todos los intervinientes. Pero solo se publica, analiza y siembra la sospecha sobre uno de los nombres que participaron en aquel proceso. No sobre los demás, a la sazón los otros dos vicepresidentes de la Asamblea, del PSOE e IU, que participaron igualmente en la Mesa de Contratación y dieron su aprobación a la contratación de marras. Pudiendo ir de caza mayor, ¿para qué quedarse con piezas insignificantes?.
De lo que Cifuentes ha sido víctima con seguridad es de su propio entusiasmo por sumarse a la exigencia de condenar antes de juicio. Una exigencia que ha servido como arma de imagen y notoriedad para los nuevos actores políticos.
Ahora Ciudadanos reclama a la jefa del gobierno regional madrileño que comparezca en la Asamblea para rendir cuentas por los informes de la Guardia Civil. Será sonada la comparecencia, pero aportará poco a la investigación. Como es costumbre, los grupos de la oposición llevarán ya sus conclusiones preparadas de antemano y la cita parlamentaria sólo servirá para consumo televisivo en alguno de los prime times del día.
Si el juez Velasco hubiera decidido dar credibilidad a las afirmaciones que contienen los dos informes de la Guardia Civil, y sólo por demostrar o descartar pruebas hubiera decidido investigarla, a estas alturas el presidente de la Comunidad de Madrid se llamaría Enrique Osorio o Ángel Garrido. Ahora el juez instructor de los casos Púnica y Lezo emigra a destinos profesionales más jugosos, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y todas sus sensaciones e impresiones sobre los miles de folios inundados de datos y movimientos emigran con él. La lentitud de la Justicia española, su desesperante ritmo funcionarial y la carencia de medios que lo agravan, se hacen más incomprensibles aún con situaciones como esta en la que se dejan abiertas en canal investigaciones que afectan a personas e instituciones.
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