Política

¿Zapatero o Rajoy: quién tiene la culpa de los desahucios en España? Las dos caras del PSOE

10/04/2013 - 12:26

Los desahucios llegaron este miércoles al Congreso de los Diputados y la oposición en bloque cargó contra el PP. Todos los grupos parlamentarios rechazaron el borrador del partido del Gobierno de Mariano Rajoy que aglutina en un único texto los dos proyectos de ley que había en trámite (entre ellos la ILP ciudadana) para abordar el problema de los desahucios de viviendas. Oposición contra el PP: ¿y la dación en pago?

La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, lo tachó de "clarísimamente insuficiente": "No da soluciones a nadie". La socialista, además, recalcó que "hemos presentado más de cien enmiendas. Dicen que han aceptado veintitantas, pero de ellas no vemos ni el espíritu", zanjó, acusando a su rival político de falta de diálogo.

Así, los dos principales grupos del bipartidismo imperfecto español tratan de señalarse pero, ¿de quién es realmente la responsabilidad de esta situación?

Zapatero, Rajoy y el culpable

Los datos son claros: el 99% de los procesos es de la etapa del PSOE, cuando José Luis Rodríguez Zapatero habitaba La Moncloa (Rajoy le sustituiría en diciembre de 2011). Según un informe del Banco de España al que ha tenido acceso La Razón, sólo el 1% se inició en 2012. En concreto, el 70% comenzó entre 2009 y 2010; y el 87%, entre 2009 y 2011. En concreto, en los últimos tres años España registró 170.000 desahucios, según datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

No obstante, los juzgados españoles de primera instancia registraron 101.034 solicitudes de lanzamiento el durante 2012, de acuerdo con las estadísticas publicadas por CGPJ. Se trata de la mayor cifra desde que comenzó la crisis y de este total, 46.408 terminaron en desahucio, lo que supone un incremento del 13,9%. respecto a 2011. De esta cifra, los jueces calculan que un 10% es sobre primeras viviendas.

Gonzalo Moliner, máxima autoridad de los jueces, también subrayaba este aumento: a finales del pasado año sumaban 198.076 casos pendientes.

Ferraz: donde dije digo...

La evolución del socialismo español con respecto al problema de los desahucios ha sido extrema. Durante el Ejecutivo de Zapatero, los socialistas no hicieron nada para paliar el problema de los desahucios. Como muestra un botón: el ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, aseguraba en 2011 que el Ejecutivo "no está por la labor" de cambiar la legislación para que la entrega de la vivienda salde la deuda hipotecaria Asimismo, la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, señaló que permitir por Ley que la entrega de la vivienda pueda saldar la hipoteca sería peor y "tendría consecuencias para las familias".

Por último, el gabinete de Zapatero elevó la cantidad de ingresos no embargable ante impagos hipotecarios. Pasó de 641 euros, el salario mínimo interprofesional (SMI), a 961 euros, lo que supuso un repunte del 50%. La socialista Carme Chacón, por aquel entonces ministra de Vivienda, también anunció tras el Consejo de Ministros del 28 de septiembre de 2007 la creación de diez "jugados especializados" para facilitar los lanzamientos exprés en España, aunque sólo de los que afectaban a los alquilados. El 'Plan Chacón' consistía en impulsar tribunales rápidos para proteger a los propietarios frente a inquilinos morosos "sistemáticos y profesionales". El objetivo, asimismo, es que nadie pudiera estar entre año y año y medio sin pagar alquiler y para ello se endureció la norma.

Ahogada por la crisis, Ferraz pasó entre 2008 y 2011 de los 11.288.698 votos a los 7.003.241 y perdió 54 escaños en la Cámara Baja. Menos de un año después de los comicios en los que el PSOE obtuvo sus peores cifras de la democracia, su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, reconoció que el partido cometió un error al no aprovechar su tiempo en el Ejecutivo para modificar la normativa relativa a desahucios, lo que habría podido evitar el "drama" a muchas de las personas que se están quedando sin casa.

La disculpa ya fue explícita el pasado 12 de noviembre, cuando Ferraz usó su cuenta de Twitter para pedir perdón: "Sabemos que tendríamos que haber reaccionado antes y pedimos perdón por ello pero creemos que estamos trabajando para resolver el problema".

No se estuvo "a la altura" y se subestimó la gravedad de la situación, llegó a admitir la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñer. Presionada por sus bases, la cúpula socialista entonaba así el mea culpa y acto seguido se lanzaba contra el PP porque eso "ya no tiene solución": ahora "hay que evitar que vuelva a ocurrir".

El estandarte de la dación en pago

Ya al ataque, el PSOE quiere ahora dación en pago que las personas que hayan pagado al menos el 75% de su hipoteca y se enfrenten a un proceso de ejecución hipotecaria puedan quedarse en la vivienda en régimen de alquiler por un precio que no supere el 30% de sus ingresos hasta que terminen de saldar la deuda pendiente.

Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado día 14 falló que la ley hipotecaria española contraviene la normativa comunitaria de protección al consumidor, el PSOE registró otra enmienda para autorizar a los jueces a suspender cautelarmente las ejecuciones cuando existan cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

La negociación en las Cortes, sin embargo, no fue fructífera, ya que el Gobierno descafeinó la ILP popular y, además, el proyecto no se debatirá en Pleno. "No vamos a parar de trabajar hasta acabar con los desahucios", insiste Ferraz.

Jose Antonio Griñán, presidente del PSOE y del feudo histórico socialista que aún es Andalucía, ya se ha puesto en marcha. Ayer mismo, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" de los desahucios. Además, elaborará un listado de viviendas deshabitadas y sancionará a bancos e inmobiliarias que no den salida a los inmuebles.

Mientras en Madrid, se duda de que exista margen para poder modificar la propuesta llegada de Rajoy, por lo que ya anuncian que, tras la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), retomarán sus acciones parlamentarias presentando nuevas iniciativas.