Los juzgados españoles de primera instancia registraron 101.034 solicitudes de lanzamiento el durante el pasado año, de acuerdo con las estadísticas publicadas hoy por el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la mayor cifra desde que comenzó la crisis y de este total, 46.408 terminaron en desahucio, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al año 2011.
En sus datos, el Consejo agrupa los procedimientos de desalojo acometidos sobre todo tipo de inmuebles, incluidos primeras y segundas residencias, locales comerciales, viviendas o fincas.
Por trimestres, el número de desahucios iniciados en el cuarto trimestre fue de 24.310, un 25,9% más que en el anterior, cuando se contabilizaron 19.314. En el segundo trimestre se registro la mayor cifra de todo el ejercicio, al alcanzar los 29.275 lanzamientos registrados, mientras que entre enero y marzo se procesaron 28.135.
Sin embargo, los datos recopilados por el órgano de gobierno de los jueces no son comparables con los de 2011, ya que se sólo estaban disponibles los acordados por los servicios comunes de actos de comunicación y ejecución, que ascendieron a 58.241, y no por los juzgados de primera instancia.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, el CGPJ contabiliza 91.622 procesos, un 17,7% más que en 2011. El 20,3% de este total se presentaron en Cataluña, el 19,6% en Andalucía con el 19,6%, el 17,6% en Valencia y el 10,1% en Madrid.
Las ejecuciones hipotecarias son procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas, mientras que los lanzamientos siempre implican un cambio en la posesión de un inmueble.
Cambios en la Ley Hipotecaria
La pasada semana, el Gobierno anunció que tiene previsto cambiar la Ley Hipotecaria para introducir cambios que garanticen una mayor protección del hipotecado.
Entre otras, se asegurarán de que solo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido tres impagos de las cuotas, en lugar de un solo impago como se exige hasta ahora. Además, se pretende limitar los intereses de demora para que no sean superiores a tres veces el interés legal del dinero.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó estas medidas después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha determinado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas.
"La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión", anunciaba el TJUE el pasado 14 de marzo.
Desahucios: El Gobierno cambiará la ley
