El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
La resolución ha salido adelante por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco. Han formulado votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.
En concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1,3 y 5 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas.
También ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.
El fallo tiene lugar después de que los magistrados se reunieran ayer sin llegar a acuerdo para votar la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano. Este miércoles han retomado las deliberaciones y han estimado parcialmente el recurso.
La decisión ha mantenido dividido hasta ahora al cónclave, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta semana, en la que los jueces han analizado la ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movilidad -como el confinamiento domiciliario- aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia.
Análisis de las restricciones
Con el apoyo al texto se admiten algunos presupuestos señalados en el recurso presentado por Vox, que fue el primero en acudir al Tribunal Constitucional para impugnar los decretos dictados por el Gobierno de coalición durante la crisis del coronavirus.
Según han precisado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la ponencia aprobada contempla que las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del estado de alarma.
Otra de las claves del debate ha pasado por dilucidar si el primer estado de alarma supuso una suspensión total de los derechos fundamentales afectados o una mera limitación de los mismos que sí podría estar amparada por la figura del estado de alarma.
Este tema estaba pendiente de resolverse en el Constitucional desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por el covid-19.
Desde Vox entienden que el decreto del 14 de marzo incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución. Sostienen que determinadas suspensiones dictadas por el Ejecutivo sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción.
El Gobierno, sorprendido, va a estudiar la "decisión sin precedentes"
El Gobierno considera que la del Constitucional es una "decisión sin precedentes" y ha anunciado que "va a estudiar" este pronunciamiento. Fuentes del Ejecutivo han indicado que la decisión de anular parte del primer estado de alarma ha sido tomada en el Constitucional por seis votos contra cinco, "lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo".
El Gabinete de Pedro Sánchez señaló que respeta la sentencia, aunque muestra "su sorpresa por su carácter inédito" y se reafirma en que el estado de alarma "era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica" que regula esta medida.
Para La Moncloa, se trata de una "una decisión sin precedentes", puesto que todos los países del entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia.
El Gobierno defiende que sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días. Además, se recuerda que el Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por Vox, que votó a favor de la prórroga del estado de alarma cuando fue presentado por primera vez ante el Congreso.
