La entrevista con Isabel Celaá (Bilbao, 1949) -concertada horas antes de la aprobación definitiva en el Senado de la Ley de Educación, a la que todos conocen por su nombre- se realiza por teléfono aprovechando un trayecto entre su tierra y Madrid en plenas fiestas navideñas. Aunque estos días ha podido ver después de varios meses a sus hijas y nietas, para ella el año que concluye -como para muchos españoles- ha sido también trágico en lo personal. Su madre murió en pleno confinamiento y no pudo asistir al entierro, por lo que ha vivido en primera persona los estragos del Covid. Sin embargo, en lo político despide 2020 con los deberes hechos: por un lado, ha conseguido aprobar la Lomloe que deroga la Lomce, un compromiso que adquirieron todos los partidos de la oposición en 2013 y, por otro, la escuela se ha mantenido abierta este trimestre a pesar de que días antes de empezar el curso se veía como una misión imposible.
No se le caen de la boca expresiones como ponderación, equidad o excelencia, y niega rotundamente que el Gobierno pretenda la desaparición de la enseñanza concertada o de los colegios de educación especial. Es licenciada en Filología inglesa, Filosofía y Derecho y trilingüe. Habla inglés (ha publicado ensayos de poesía en esa lengua) y además es euskaldunberri: es decir, aprendió euskera de mayor, pero lo maneja con solvencia.
Sus amigos dicen que es una mujer culta, seria y rigurosa, trabajadora hasta la extenuación, de esas que crece en las distancias cortas y que cuando se pone manos a la obra es un torbellino imparable. Es plenamente consciente del desgaste político que le ha supuesto la llamada Ley Celaá, pero insiste una y otra vez en que nadie puede temerla "salvo quienes estén realizando malas prácticas o abusando del sistema de concierto". Dice que la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña no es, en absoluto, un pago político a los independentistas y señala que los nuevos Presupuestos aumentarán en un 139% la partida destinada a la educación, "lo cual es un incremento histórico".
¿Qué utilidad tiene una ley de educación que no ha sido consensuada y que el PP dice que piensa cambiar cuando llegue al poder?
No vamos a hacer futuribles. Yo hablo del presente. Es una magnífica ley, llena de ponderación, equilibrada y merecedora de consensos y acuerdos políticos. Esta ley no va contra nadie, va a favor de todos, por mucho que algunos intenten descalificarla.
Sin embargo, da la sensación de que la educación ha pasado de ser "un arma de futuro", como decíamos en la Transición, a ser un "arma política" de primera magnitud, y de hecho ninguna reforma educativa ha obtenido el consenso de los dos grandes partidos.
Lamento muchísimo que el PP y sus acompañantes, Vox y Ciudadanos, hagan de la educación una herramienta de combate político que no debería ser utilizada de esa forma. Todos los impulsos educativos de gobiernos de progreso han tenido exactamente la misma respuesta por parte del PP. Ocurrió en el caso de la Lode, con la Logse y con la LOE. Todas esas leyes fueron atacadas y rechazadas desaforadamente por el Partido Popular.
"En el nuevo Presupuesto sube un 139% la partida para educación; se trata de un aumento histórico"
Por ser justos, tampoco la 'Ley Wert', la única que pudo sacar el PP adelante, fue apoyada por el PSOE y ustedes la descalificaron igual, ¿no?
La Ley Wert nació desfasada. Todos los grupos de la oposición se comprometieron a derogarla. El 80% del profesorado estuvo en contra de ella, y el propio PP no consiguió aplicarla y la suspendió en 2016. Cuando nosotros llegamos al ministerio nos encontramos con un verdadero galimatías jurídico, una legislación educativa llena de agujeros que no se podían cerrar. En esa etapa aumentó el nivel de repeticiones, se redujo el nivel de titulaciones en ESO y Bachillerato, y aumentó de una manera desproporcionada el volumen de libros de texto, por no hablar de los itinerarios excluyentes, de la consideración de la Formación Profesional como una enseñanza de segunda, y la existencia de dos titulaciones distintas al final de la Enseñanza. La Lomce no se podía mantener de ninguna de las maneras.
¿Es verdad o no que la educación concertada está en riesgo por su ley, que ustedes están demonizando, presionados por Podemos, ese tipo de enseñanza?
Es rotundamente falso que la educación concertada esté en riesgo. Yo no la estoy demonizando en absoluto, y los representantes de los colegios concertados lo saben. Yo le garantizo que no se va a cerrar ningún centro de educación concertada. En las últimas protestas, las únicas voces que se han oído son las del PP, Vox y Ciudadanos. Pero eso es solamente ruido. Aquí se han dicho barbaridades por una pura estrategia electoralista.
Pues a usted le acusan de no predicar con el ejemplo, y de que sus hijas estudiaran en centros privados. ¿Su vara de medir está siendo ahora diferente?
Mi vara de medir ha sido siempre la misma. Lo que no es justo es enjuiciar el pasado con los ojos del presente. Yo tuve que llevar a mis hijas al centro más cercano, que era privado, porque era una madre trabajadora y era el único que tenía comedor escolar, y luego fueron a centros públicos cuando dieron el salto al instituto.
"Los alarmistas predijeron una vuelta catastrófica a los colegios, cosa que no ha ocurrido"
Es posible, pero a usted le han dicho de todo... ¿Estaba preparada para una campaña tan dura y rechazada por la ley que lleva su nombre?
En política, desgraciadamente ocurren estas cosas. Se descalifica cuando no hay argumentos, pero lo importante es que yo no desprecio para nada la educación concertada, la respeto, y creo que hay una buena labor, siempre lo he dicho, pero también quiero que la pública se compense, porque en los últimos siete años se ha producido una importante desigualdad en la inversión de la educación pública, que es el eje vertebrador del sistema educativo, no solamente por su mayor implantación, sino porque recoge la pluralidad del sistema.
Sea como fuere, otra de las críticas que le hacen es sobre la educación especial, que algunos auguran que terminará despareciendo en diez años...
Esa es otra falsedad. Los centros de educación especial no van a desaparecer. Se ha querido descalificar, por parte de la derecha, la ley con algunas falsedades como que "se van a cerrar los centros de educación especial". Lo que hace la ley es garantizar los derechos de todos los alumnos con discapacidad, porque hay muchas familias que quieren educar a sus hijos en centros ordinarios y no pueden. España tiene duras condenas de la ONU por esto.
También se ha dicho que los padres no van a poder elegir la educación para sus hijos en este país, lo cual es un retroceso en las libertades democráticas...
La derecha todo lo ha envuelto para falsear aún más su crítica en el tema de la libertad. La ley se inserta plenamente en el pacto constitucional que garantiza el derecho a la educación de todos, y la libertad de enseñanza, que es poder elegir. Está plenamente garantizado que las familias podrán elegir centro. Nadie debe temer la nueva ley de educación; solo podrán temerla quienes han venido a lo largo de los últimos años realizando malas prácticas y abusos en el sistema de concierto.
Oiga, ¿y a usted qué le parece que Madrid adelante el periodo de preinscripción escolar para evitar que la ley entre en vigor? ¿Puede haber autonomías insumisas?
Lo que ha hecho Madrid no supone ninguna insumisión ni nada que se le parezca. El año pasado también publicó el decreto de admisión de alumnos exactamente en las mismas fechas, en diciembre. Lo que ha pretendido Madrid es tratar de convertir su procedimiento administrativo habitual en un disenso político, pero eso no cuela.
"Tuve que llevar a mis hijas al centro más cercano, que era privado, por ser una madre trabajadora"
Bueno, Cataluña lleva años declarándose insumisa y no aplica la legislación educativa vigente, aunque la sangre nunca llegó al río...
Yo no concibo que, en un Estado social y democrático de derecho, haya partidos políticos que, como el PP, que se consideran de Gobierno, vayan a predicar la desobediencia a una ley orgánica respaldada por el Parlamento, por mayoría absoluta. Espero que todo el mundo cumpla la ley. Aquí se va a repetir la historia de agosto, cuando algunos alarmistas predijeron que la vuelta al colegio con el Covid sería una catástrofe, cosa que no ha ocurrido. Por contra, los colegios han sido centros de detección precoz del Covid y han ayudado a la comunidad y a la sanidad, en vez de ser centros de contagio, como algunos predijeron. Con la Lomloe pasará lo mismo.
Ministra, ¿la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña es el pago político por el apoyo de los independentistas al Gobierno?
En absoluto se trata de un pago político. En ningún momento, ni el presidente, ni la ministra de Hacienda, ni ninguna fuerza política me han solicitado nada para que se pueda interpretar que la lengua es moneda de cambio. Nunca aceptaría que el tema del castellano se convirtiera en un trueque político. La educación cumple los fines que se le encomiendan, y no tiene que ver con los Presupuestos. Lamentablemente, esta ley ha venido rodeada de demasiado ruido por parte de la derecha, pero es solo eso, ruido, para ocultar la falta de argumentos.
La pregunta es si los niños en Cataluña terminarán su educación con el mismo nivel de castellano que de catalán...
Por supuesto que los niños en Cataluña tienen la obligación, según la ley orgánica, de concluir su enseñanza obligatoria con un dominio pleno y equivalente, en castellano y en las lenguas cooficiales. Y los centros educativos adoptarán las medidas necesarias para que así sea. En Cataluña, el castellano no corre ningún riesgo, como tampoco lo corre en ninguna otra parte del país. La inmersión lingüística es un procedimiento absolutamente constitucional que se desarrolla en el artículo 3. También en Madrid hay inmersión en inglés en las escuelas de la comunidad y nadie pone el grito en el cielo.
"La eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña no es un pago político"
¿En términos económicos se le dedica suficiente dinero a la educación? ¿Cuál ha sido la partida destinada en los nuevos Presupuestos?
En los nuevos Presupuestos se ha incrementado un 139% la partida destinada a la educación, lo cual es un incremento histórico. Sin embargo, esto no es suficiente para paliar el desastre que se produjo en los últimos años. En el año 2010 España dedicaba un 5% del PIB a educación, y cuando nosotros entramos en 2018 estábamos en poco más del 4%. Con los gobiernos del PP se perdieron aproximadamente 9.000 millones de euros de inversión en educación en términos generales Yo me encontré con un Presupuesto de 2.500 millones cuando llegué, y ahora tengo 5.670 millones. Además, hemos aumentado las becas, y aportado muchos recursos a la digitalización. De hecho, en pocos días empezarán a recibirse el medio millón de herramientas digitales, que fue uno de los compromisos que asumimos antes del verano.
¿En el Gobierno se tiene la sensación de que estos van a ser unos Presupuestos para una legislatura y no solo para un año?
En absoluto. Estos Presupuestos son para un año, con toda claridad. Vivimos en sociedades tan cambiantes, tan globalizadas, tan interdependientes con nuestro entorno internacional, que pensar que unos Presupuestos como estos, en plena crisis del Covid, pueden durar una legislatura es casi ilusorio.
Oiga, ¿la enseñanza pública puede suplir a la concertada o ambas necesitan coexistir para cubrir las necesidades educativas de nuestro país?
Aquí nadie pretende retirar la concertada, que sigue teniendo una función importante en el sistema educativo español, pero eso no quita para que insistamos en que la educación pública es el eje vertebrador que acoge la pluralidad y la diversidad que representa la sociedad española. La educación pública y la concertada tienen que coexistir, pero nosotros queremos que los colegios concertados asuman un mayor compromiso con las necesidades del sistema. Esta ley retira los abusos y los privilegios, y pretende que aquellos centros que son sostenidos con fondos públicos tengan igualdad de obligaciones.
"Si hay una petición de indulto de los condenados del 1-O tenemos el deber legal de tramitarla"
Cambiando de tercio, ¿a una persona como usted, que trabajó con Buesa y Recalde, ambas víctimas de ETA, no le produce cierta repugnancia intelectual el apoyo de Bildu a los Presupuestos?
La sociedad española luchó durante muchos años para acabar con el terrorismo de ETA, y lo consiguió. Ahora Bildu es un partido legal y democrático, con representación en el Congreso y el Senado. Yo espero que Bildu siga trabajando en democracia y, cuanto antes y de manera frecuente, pida perdón por el horror que cometieron en su momento algunos de los miembros que forman la coalición de partidos que lo integran. En democracia, la legalidad y la legitimidad son fundamentales, y Bildu en estos momentos tiene ambas cosas.
¿Y usted es partidaria de indultar a los condenados del 1-O que tiene enzarzado al Gobierno con los Fiscales y con buena parte de la Judicatura?
El tema del indulto no ha llegado al Consejo de Ministros y no me voy a pronunciar, pero está claro que si hay una petición de indulto tenemos la obligación legal de tramitarla. Además, tenemos la obligación política de evitar el catastrofismo permanente que utilizan algunos partidos. Hay que procurar normalizar la convivencia lo más posible, y mejorarla en todas las partes de España.
¿En el Gobierno, quién manda: Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Porque la crítica en el sector socialista es que Podemos puede estar marcando la agenda...
El liderazgo del Gobierno lo ejerce Pedro Sánchez, y nadie se salta su autoridad. Este es un gobierno de coalición, y aunque tenemos distintas sensibilidades acerca de las cosas y se defienden con vehemencia, nos une un mismo objetivo social. Somos un cogobierno compuesto por fuerzas progresistas que buscan la mejora de las condiciones de vida de la gente, y eso es lo importante. Lo que ocurre es que a veces hay un ruido superior al que desearíamos. Sin embargo, hay que normalizar las discrepancias y de hecho, en este país ha habido gobiernos monocolor, como ocurrió en el de Rajoy, donde también había sonoras discrepancias, por ejemplo entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y la señora Cospedal. Y no ha pasado nada.
Oiga, ¿la llegada de la vacuna supone que estamos en el principio del fin de esta pesadilla?
Sí, la vacuna es el principio del fin. España ha trabajado denodadamente para estar al mismo nivel que cualquier otro país de la Unión Europea, y estamos en el pelotón adelantado. Las vacunaciones se están haciendo según lo acordado entre las comunidades, y las críticas que se hacen al respecto son gratuitas.
¿La distribución de la vacuna se está haciendo con criterios de equidad? Porque la Comunidad de Madrid ha lanzado alguna sombra de sospecha...
La presidenta de Madrid tiene como estrategia política ir en contra del Gobierno haga lo que haga. Todavía no le he oído decir que está de acuerdo en algo con la línea del Gobierno, y con este tema de las vacunas ha perdido una magnífica oportunidad para demostrar su altura política. Se está vacunando tal como se acordó, primero a las personas mayores en las residencias de ancianos, y para ayudar a mitigar sus miedos se requiere por parte de los poderes públicos que ejerzan su responsabilidad con una sola voz, cosa que están haciendo casi todos, salvo alguna excepción.
Pues muchos creen que ustedes, criticando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y poniéndola en el ojo del huracán, al final han conseguido reforzarla políticamente. ¿Es así?
Lo que está claro es que el liderazgo del PP en este momento parece llevarlo la presidenta Ayuso. Todos sabemos que a cualquier cosa que diga el Gobierno, se trate de lo que se trate, ella dirá que se opone. Es curioso que se oponga ahora a una forma de distribución de las vacunas que fue acordada en el Consejo Interterritorial del 23 de diciembre entre todos.
Por último, dígame, ¿el discurso del Rey servirá para mejorar la imagen de la Monarquía tan debilitada por la situación del Rey emérito?
A mí el discurso del Rey me gustó. Creo que tenemos un digno representante de la Jefatura del Estado, y una persona que tiene el objetivo permanente de representar a los ciudadanos con una visión contemporánea y avanzada del país.
