El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha sacudido este lunes los cimientos del Ministerio Público español al acusar a varios de sus colegas de presionarle para que no sacara adelante el informe en el que la semana pasada rechazaba admitir a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, al considerar que no se puede abrir una causa general contra el Ejecutivo.
Aprovechando una entrevista concedida este lunes a Onda Cero, Navajas ha denunciado que algunos fiscales acudieron a su despacho para presionarle sobre las querellas. En este punto ha señalado explícitamente a la exfiscal general de Estado Consuelo Madrigal, también una de las cuatro fiscales de la causa del procés que defendió hasta el final la acusación por rebelión.
Navajas también se ha referido, aunque sin mencionar el nombre, a otro compañero de Madrigal en la sala de lo Penal del Supremo, lo que abre el abanico a los otros tres fiscales del procés: Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Según varios medios, Cadena sería el otro señalado.
Navajas: "Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra"
"Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra", se ha quejado Navajas, que ha explicado que no convocó a la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión del covid-19 porque habría tenido que excluir de ese encuentro a algunos fiscales "contaminados políticamente".
"Uno de los valores más altos que tiene el Ministerio Fiscal es la imparcialidad y la objetividad", ha remarcado, añadiendo que "lo que no puede hacer ni un fiscal ni un juez es que la ideología trascienda de su cabeza al papel". Navajas también ha señalado como motivo para no convocar la Junta de Fiscales las posibles filtraciones.
La decisión de Navajas de archivar estas querellas le acarreó severas críticas desde la oposición al Gobierno, acusándole el PP de ponerse al dictado de la fiscal general del Estado y exministra de Sánchez, Dolores Delgado.
"Es inaudito que el número dos de la Fiscalía General del Estado llame 'contaminados' a dos fiscales para justificar la no convocatoria de la Junta de Fiscales ante las querellas del Covid contra el Gobierno. Nuestro apoyo a los fiscales que trabajan por el Estado de derecho y tienen que aguantar esto", ha valorado, a su vez, Edmundo Bal desde Ciudadanos este lunes.
Quejas de la Asociación de Fiscales
La Asociación de Fiscales (AF) ha lamentado las declaraciones de Navajas. Así lo ha dicho la presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones a Europa Press, en las que ha subrayado, no obstante, el "respeto profesional y el trabajo desarrollado" por Navajas a la hora de decidir la posición del Ministerio Público.
Con todo, para la Asociación de Fiscales, "tachar ideológicamente a los compañeros está fuera de lugar", pues recuerda que el Ministerio Público, como institución, prevé mecanismos para valorar la profesionalidad y actuación de los fiscales y que cada fiscal puede hacer uso de ellos para defender sus intereses.
Sobre la oportunidad de la junta de fiscales de Sala, Dexeus ha explicado que precisamente su asociación solicitó su celebración para "blindar" y dar un "mayor respaldo" al teniente fiscal en un caso "extraordinario" como el que se estaba estudiando. Se trataba de evitar cualquier tipo de sospecha de "identificación" de la Fiscalía con el Gobierno, ha indicado.
Por ello, cree que era necesario que Navajas fuera "asesorado" por la cúpula fiscal, ya que ha actuado en sustitución de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que ésta se abstuviera de participar en dicho asunto por haber formado anteriormente parte del Gobierno y haber hecho campaña electoral con el PSOE.
Un informe de 300 páginas
En su informe de 300 páginas, Navajas, aborda las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo de forma individualizada sin entrar en consideraciones genéricas aunque si comparte argumentaciones.
Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y en otras contra el presidente Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska, por delitos como homicidio y lesiones imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores o desobediencia. Y aunque no ofrece una visión global de todas las querellas, si que advierte en cinco de ellas que no se puede abrir una causa general contra el Gobierno o un ministro cualquiera.
Del mismo modo que asegura que "resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo".