Alternativa Sindical de Policía, el sindicato que destapó la titulación irregular que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) expidió a 200 mandos policiales entre 2015 y 2018, solicitará la imputación urgente de los beneficiarios y solicitará que se anule el ascenso de aquellos que lo obtuvieron por una titulación que fue declarada nula por el Tribunal Supremo.
La polémica saltó en plena crisis de reputación de la URJC por el escándalo del máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. El Supremo anuló el Grado de Criminología ' a medida' que la universidad impartió entre 2013 y 2015 en acuerdo con la Dirección General de la Policía (DGP) para que que comisarios e inspectores pudieran ascender en la escala ejecutiva y superior del cuerpo ante el cambio en la ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que desde 2015 requiere la titulación universitaria.
Según la sentencia, el curso, de 3.000 euros, no presencial y con tan solo 60 créditos, no equivale a una Licenciatura porque la estructura, carga lectiva y el contenido no pueden equipararse al conocimiento adquirido en el transcurso de la carrera universitaria.
Cuando saltó la polémica, obtener esa titulación en otras universidades requería la superación de 180 créditos en la Diplomatura y de 240 en la Licenciatura/Grado, en un desarrollo de entre cuatro y cinco años. de hecho, en 2015 el Ministerio de Educación paralizó ese curso exprés.
ASP denunció a la URJC en 2018 por una presunta trama de títulos a policías para que pudieran ascender. Ahora, el sindicato policial anuncia nuevas acciones al considerar "inadmisible que sigan sin retirarse los títulos otorgados tras ser declarados nulos por el Tribunal Supremo".
Según el comunicado difundido este miércoles, aunque dichas titulaciones no están homologadas se siguen ocupando "muchos puestos de trabajos relevantes actualmente" en la dirección general. Así, la denuncia también se extenderá contra la cúpula de la DGP que cubre puestos de la escala superior sin la titulación requerida ignorando la legalidad vigente.
La ASP persigue la anulación del ascenso de todos los inspectores jefe y comisarios que ascendieron con esos títulos y aún "perciben retribuciones y ejercen el mando de forma irregular". Según explican, "no se puede permitir que se manche el decoro y el nombre de la institución por parte de la escala superior y que régimen disciplinario mire para otro lado".
