La ministra portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado las actuaciones del Gobierno, criticadas por los expertos en Derecho, como ataques a derechos constitucionales, como simples actuaciones sobre el derecho de libertad de expresión. Así lo ha hecho Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, en el que se aprobó la tercera prórroga del estado de alarma.
La ministra no quiso valorar el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y los miembros del Poder Judicial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha convertido en un escarnio para el periodismo español. Así, aseguro que "no hablaría de escalada de enfrentamiento" y enmarcaba en su derecho a la libertad de expresión las críticas a los jueces. Sembrar la desconfianza en la actuación de los jueces un miembro del Gobierno no puede ser nunca libertad de expresión, sino una irresponsabilidad manifiesta.
El silencio oficial ha sido la tónica general de los ministros del PSOE ante las palabras de Iglesias poniendo en duda la independencia de los jueces españoles. No obstante, ha trascendido de sus colaboradores el enorme cabreo que muchos de ellos tienen por esas declaraciones. Así, se está conduciendo la legislatura desde sus inicios.
Las diferencias dentro del Ejecutivo son más que patentes desde inicios de marzo
El Portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha sido el encargado de aumentar y emitir las críticas de su secretario general, una vez que las ha lanzado desde la tribuna de Moncloa. Así, se despachaba en una entrevista en Radio Nacional ,señalando que "lo que deteriora la imagen de la Justicia son las sentencias dictadas sin pruebas materiales", tras calificar de "ilegítima" la crítica del Poder Judicial a Iglesias y de acusar a este organismo de "estar al servicio de la derecha". Pero no se juzgaba al Consejo General del Poder Judicial, sino a una sentencia llevada a cabo por los jueces, por el sistema judicial en un Estado de Derecho como es España.
El Gobierno no esconde sus diferencias desde inicio de marzo de este año, cuando algunos de sus miembros criticaron el proyecto de Ley de Libertad Sexual, promovido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que fue criticado por el de Justicia, Juan Carlos Campo y por la de Educación, Isabel Celaá. Iglesias, al conocer la negativa de sus compañeros de Gabinete, se despachó diciendo que "detrás de las excusas técnicas a la ley, hay mucho machismo frustrado". Celaá, se limitó a negar que en "el Gabinete haya machistas" y a decir que las leyes hay que mejorarlas", para concluir con un lacónico "ahora es el proyecto del Gobierno". En el trasfondo una auténtica chapuza de borrador que los ministros de Podemos querían imponer por encima de las instituciones, como el Consejo de Estado o el propio Ministerio de Justicia.
Echenique, una vez dio visibilidad al enfrentamiento, al señalar que "parece que hace falta que venga un machote y diga: venga, te arreglo la ley'", en referencia a los intentos de campo de introducir modificaciones en el texto legislativo.
El Gobierno llegó a aplicar la censura previa para evitar preguntas al máximo mandatario de la Guardia Civil
Estas disensiones llegan después de las tensiones sufridas en el Ejecutivo por las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra las campañas de desinformación y los bulos que inundan las redes. Lo que motivó una a oleada de críticas desde la oposición y la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La censura previa llegó hasta impedir las preguntas de los periodistas al mencionado general. Un espectáculo bochornoso para un país democrático. La mano bolivariana se va notando día a día.
La tensión se producía tras iniciar la Fiscalía una investigación sobre si existe un grupo criminal detrás de la campaña de bulos y falsas informaciones contra el Gobierno sobre el coronavirus, motivada por una denuncia presentada por la cúpula de Unidas Podemos, alegando la existencia de un supuesto ataque organizado.
En apenas una semana, Iglesias ha desmentido dos veces a Montero
Y para rematar la imagen, la portavoz del Gobierno eludió el viernes dar explicaciones del trasfondo de su anuncio, el pasado martes, de que los niños solo podrían salir con un adulto para ir a la compra, a la farmacia o al banco, cuando aún estaba pendiente de celebración una reunión de la Dirección General de Derechos de la Infancia, dependiente de los Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo titular es Pablo Iglesias, y del Ministerio de Sanidad, en encabezado por Salvador Illa. Así, horas después, era este último quien anunciaba el cambio de planes, aunque sin poder adelantar nada sobre las condiciones en que finalmente, los menores podrían salir a pasear a la calle con un adulto para estirar las piernas. En juego estaba el derecho a la movilidad.
En poco más de una semana, Pablo Iglesias ha desmentido en dos ocasiones las estrategias anunciadas por Montero. La primera, por la aprobación de la renta mínima, el pasado 15 de abril, y la segunda, este jueves, con las salidas de los niños. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, afirmaba en el Congreso que esperaba una "rectificación del Gobierno" a la medida sobre la salida a la calle de los niños.
El jueves era el Pablo Iglesias quien comparecía en rueda de prensa escenificando esa división al pedir a los niños perdón "en nombre del Gobierno por no haber sido todo los claros que debíamos". Se estaba hablando de un derecho como es el de la movilidad.
