Barcelona
El Gobierno de la Generalitat ha activado un paquete de medidas urgentes para mitigar los efectos económicos del coronavirus.
La prioridad del ejecutivo es salvar vidas y, al mismo tiempo, detener colectivamente los efectos económicos de la pandemia y preparar la recuperación. "Sin vida no habrá recuperación económica", alertó el vicepresidente del Gobierno catalán y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, durante su última comparecencia en el Parlament por videoconferencia.
Las medidas económicas acordadas por el gobierno catalán van desde la inyección de liquidez a las empresas a través de la línea "ICF-avalis Liquidity" para ayudar a los trabajadores autónomos, la reducción del 50% del canon de agua o la entrega de becas de comedor, entre otras.
Además, la Generalitat ha presentado varias quejas y propuestas para los grupos parlamentarios de la Cámara Catalana, el Estado español y el Banco Central Europeo (BCE).
El vicepresidente Aragonès considera "absolutamente indispensable" que el gobierno catalán pueda disponer "lo antes posible" de los nuevos presupuestos y ha pedido a los grupos parlamentarios "responsabilidad" para aprobarlos.
Por lo que respecta al gobierno español, la Generalitat de Cataluña pide al Estado que no cobre el IVA, ni las cotizaciones de los trabajadores autónomos, ni las de la Seguridad Social. Y también que los aplazamientos que se están haciendo no generen intereses. El Gobierno catalán también reclama al ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez a suspender la regla de gasto para las Comunidades Autónomas y los municipios, para que puedan hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia.
En cuanto al Banco Central Europeo, el vicepresidente Aragonès considera que "es el momento de una renta básica universal directa del BCE en el bolsillo de los ciudadanos" mientras dure el confinamiento, y la ha elevado al Ministerio de Economía.
Medidas sociales y económicas
Una de las últimas medidas acordadas por la Generalitat es el lanzamiento de un mercado virtual para unir a empresas y fabricantes catalanas desde diferentes puntos de la cadena de producción y así promover la colaboración empresarial para hacer frente a la emergencia sanitaria causada por COVID-19.
También destaca como una novedad dar liquidez para las empresas a través de la línea "ICF-avalis Liquidity", dotada de 1.000 millones de euros. Los préstamos se formalizan a través de las entidades financieras con el aval de La Generalitat, que a través de ICF y Avalis de Cataluña asume el 80% del riesgo de las operaciones.
Entre las medidas de carácter más social, la Generalitat ha aprobado que, en los meses de abril y mayo, se aplique una reducción del 50% del canon del agua para todos los usuarios domésticos y también para los usuarios industriales, las actividades económicas y ganaderos. Para los contribuyentes nacionales que ya disfrutan del tipo social del canon del agua, se aplicará un tipo impositivo de cero euros a todos los tramos de consumo.
El gobierno catalán también ha acordado crear una tarjeta monedero de becas comedor para la duración del cierre de las escuelas, que también cubrirá la Semana Santa, y la gratuidad del teléfono 061 Catsalut Respond.
En el plan más estrictamente económico, se ha creado un servicio digital personalizado a través de una Finestra Única Empresarial (FUE), una única ventana de negocio para aclarar cualquier duda que pueda surgir con respecto a las iniciativas económicas promovidas por las diferentes administraciones.
Paralelamente, se ha aprobado una ayuda directa de 2.000 euros para los trabajadores autónomos afectados por la crisis del coronavirus hasta agotar la partida de 7,5 millones de euros. Y se trabaja para ampliarla.
Impuestos y Contrataciones
Con respecto a la fiscalidad, el Gobierno ha acordado la moratoria en los plazos de autoliquidación y pago de todos los impuestos propios y cedidos de la Generalitat hasta que se ponga fin al estado de alarma, así como una moratoria hasta septiembre en el pago del impuesto para estancias en establecimientos turísticos (a pagar en abril).
Con el objetivo de proteger los puestos de trabajo de las empresas que prestan sus servicios a la administración catalana, el Gobierno catalán ha acordado mantener el pago de contratos públicos aunque la prestación efectiva del servicio haya sido suspendida debido a la crisis del coronavirus. Si alguna de estas empresas realiza un ERE o un ERTE, el pago será retirado.
