Política

El TC pide a la Fiscalía que informe de si Torrent incurrió en desobediencia al permitir debates sobre autodeterminación y reprobación del Rey

El presidente del Parlament, Roger Torrent. Foto: EFE

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado pedir a la Fiscalía que informe de si el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha podido incurrir en un delito de desobediencia al tramitar en los últimos meses propuestas de resolución que reiteraban el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la reprobación de la monarquía.

A petición del Gobierno, el tribunal de garantías ha decidido por unanimidad deducir testimonio a la Fiscalía sobre posibles acciones penales contra Torrent, el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, ante un posible delito de desobediencia.

Se da la circunstancia de que por estas actuaciones la fiscal general del Estado, María Joasé Segarra, ya ordenó la apertura de una investigación el pasado mes de noviembre, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las mismas.

La actuación de la Fiscalía se produjo después de que el tribunal de garantías realizara hasta cuatro advertencias al presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, para el cumplimiento de la ley.

En un tercer auto dado a conocer también este martes, el TC declara extinto un tercer incidente de ejecución promovido por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que volvían a insistir en la independencia. En este caso, el auto razona que dichos acuerdos ya han sido anulados por el auto aprobado esta mañana referido al incumplimiento de una sentencia dictada por este órgano en 2015.

22 y 29 de octubre

Durante el primer día de pleno de esta semana, el tribunal de garantías ha estimado dos incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Ejecutivo contra sendos acuerdos de la Mesa del Parlament, del 22 y 29 de octubre, precisa EFE.

En el primero se admitía a trámite una propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el "procés", en la que se reiteraba la reprobación de la monarquía y la defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña. En el segundo, se rechazaban las solicitudes de reconsideración de los grupos PSC, Ciudadanos y PP.

Los magistrados consideran que Torrent y sus dos compañeros de Mesa han incumplido el deber que, como poderes públicos, tienen de cumplir lo que el TC establece en sus resoluciones, recogido en el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y le pasan el testigo a la Fiscalía para que proceda a "exigir la responsabilidad penal" que pudiera corresponderles.

En sus dos autos, el TC también anula parte del apartado 11 de la propuesta de resolución del Parlament -que ya estaba suspendida- en el que se señalaba que la cámara "reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político" y "la reprobación de la monarquía".

La resolución del 9-N de 2015

El pleno, que también anula el acuerdo por el que se rechazaron las solicitudes de reconsideración, ordena además notificar personalmente sus autos a Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament y les apercibe de las eventuales responsabilidades penales si incumplen lo acordado por el TC.

Además, les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" que suponga "ignorar o eludir" sus resoluciones, entre ellas la sentencia que declaró inconstitucional y nula la resolución del 9 de noviembre de 2015 del Parlament "sobre el inicio del proceso político en Cataluña" tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015.

El Ejecutivo acudió al Constitucional al considerar que la propuesta de resolución admitida por la Mesa volvía a incidir en aspectos que ya habían sido declarados inconstitucionales.

En un tercer auto, el TC declara extinto otro incidente de nulidad promovido por el Gobierno, también contra los mismos acuerdos de la Mesa, en su caso en relación al inciso que insistía en la independencia, al considerar que ya han sido anulados por el tribunal.

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