La exalcaldesa de Valencia y senadora popular Rita Barberá ha anunciado este miércoles que se dará de baja como militante del PP después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales a través del Ayuntamiento y dentro del 'caso Imelsa'. Sin embargo, seguirá manteniendo su escaño como senadora pasando al grupo de no adscritos de la cámara, manteniendo por tanto su aforamiento.
"Expreso mi voluntad de NO DIMITIR del Senado y de permanecer en él, tal y como me apara la ley porque de lo contrario podría entenderse como una asunción de culpabilidad", asegura Barberá en un comunicado después de recibir presiones por parte del partido. Precisamente este miércoles el candidato a lehendakari del PP vasco, Alfonso Alonso, aseguraba que si Barberá "no toma una decisión adecuada hoy, la tendrá que tomar la dirección del partido". Lea aquí el comunicado íntegro (.pdf).
"He solicitado mi baja del Partido Popular porque así me lo ha pedido el Partido y con ello, además de dar una muestra más de mi entrega a él, evito que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales. Esta muy dolorosa decisión me permite, por otra parte, actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna", continúa el comunicado. "Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos".
Ahora compartirá escaño en las últimas filas del hemiciclo con 16 senadores de 10 partidos políticos: cuatro de Convergència, tres de Ciudadanos, dos de Compromís y uno, respectivamente, de UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, de Foro y de Bildu. Si se decide a acudir al Senado, estrenará su nueva situación en el Pleno del próximo 27 de septiembre.
Al continuar con el escaño mantendrá el aforamiento y su caso seguirá en el Tribunal Supremo en vez de volver al juzgado de Valencia que lleva el asunto. Y es que este martes la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaba abrir una causa a la exalcaldesa por un presunto delito de blanqueo de capitales. Además, designaba instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Barberá no ha perdido el aforamiento ni un día desde que llegó al Senado en julio de 2015, ni siquiera con la Cámara disuelta en los dos periodos electorales que ha habido desde entonces, porque el PP la ha mantenido en la Diputación Permanente. En la nueva legislatura que arrancó en julio, se da la circunstancia de que este órgano es el único que aún no se ha constituido.
Barberá llegó al Senado en el mes de julio del año pasado al perder la alcaldía del Ayuntamiento de Valencia tras las elecciones municipales de mayo. Había terminado una larga carrera en la política local, con 24 años como regidora de su ciudad, y en la que pasó de ser la mejor alcaldesa de España, según proclamó Mariano Rajoy en mayo de 2015, a estar bajo sospecha de corrupción.
En el año y medio transcurrido desde aquella frase de Rajoy, la situación política de Rita Barberá se ha complicado hasta el punto de que buena parte del PP esperaba que hubiese dimitido ya para evitar estos meses de comentarios y críticas. Y desde que ayer el Supremo abrió causa contra ella, a esas peticiones de dimisión se sumó la reclamación a Génova de que tomara una decisión.
Rajoy se ha pronunciado en pocas ocasiones sobre Rita Barberá en los últimos meses. En enero aseguró que la exalcaldesa estaba "absolutamente limpia" mientras un juez no dijera lo contrario, en febrero añadió que ella le había asegurado su inocencia y en marzo, pedía prudencia y "ser justos" con Barberá, contra la que no había ninguna causa. El presidente del PP pasó después al silencio y es la actitud que ha mantenido desde que ayer se conoció el auto del Supremo.
La investigación deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, describiendo indicios contra la aforada Rita Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó, en informe del pasado 27 de julio, la apertura de la investigación y la designación de instructor.
